La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral y el proyecto deberá volver al Senado
Con el apoyo de bloques aliados y mandatarios provinciales, el oficialismo logró avanzar en la Cámara baja con la nueva legislación del trabajo en una jornada marcada por el paro de la central obrera. La norma, que modifica aspectos sobre indemnizaciones, extensión de la jornada y modalidades de contratación, obtuvo ciento treinta y cinco votos a favor. Al eliminarse el artículo sobre licencias médicas, el texto normativo requerirá una nueva revisión en la Cámara alta para su sanción definitiva.
Infórmate en DiarioPampero.com – Con el respaldo de los gobernadores aliados, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo marco regulatorio laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. La sesión parlamentaria se desarrolló bajo un clima de máxima tensión debido a la huelga general de los sindicatos y los intentos de la oposición por frenar ese debate legislativo. Entre los ejes más polémicos se destaca la reducción de indemnizaciones y límites al derecho de protesta, lo cual despertó muy fuerte repudio.
La aprobación en la Cámara baja del proyecto gubernamental que busca desregular el mercado laboral representa una reconfiguración profunda en las relaciones de trabajo del país. Con el respaldo de legisladores del PRO, UCR, MID y otros bloques provinciales, La Libertad Avanza consiguió imponer su mayoría logrando ciento treinta y cinco votos afirmativos frente a ciento quince negativos. Sin embargo, la legislación deberá retornar a la Cámara de Senadores, ya que el texto sufrió la eliminación de su artículo cuarenta y cuatro, el cual estipulaba una reducción salarial durante las licencias médicas, pasando a percibir entre un cincuenta y un setenta y cinco por ciento del haber. La presión social y sindical obligó a retirar este punto, condicionando a la Cámara alta a ratificar la norma modificada o insistir con la redacción original.
El inicio de la asamblea parlamentaria estuvo enmarcado por arduas negociaciones para alcanzar el número necesario de presentes. Gobernadores como Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua instruyeron a sus representantes para que ocuparan sus bancas, permitiendo a la fuerza gobernante llegar a los ciento veintinueve legisladores requeridos. Esta acción provocó enérgicos reproches desde Unión por la Patria, quienes acusaron de desleales a los diputados que accedieron por sus boletas pero terminaron facilitando el tratamiento de la propuesta. Representantes salteños como Pablo Outes justificaron su postura señalando la postergación de las empresas del interior, aunque sus explicaciones fueron fuertemente rebatidas por sus antiguos compañeros de espacio.
Durante el transcurso del encuentro legislativo, la bancada opositora ensayó una maniobra para dejar sin efecto la convocatoria al notar que el recinto se encontraba con escasa presencialidad. No obstante, el presidente del cuerpo, Martín Menem, extendió el uso de la palabra de otros dirigentes para ganar tiempo, otorgando margen a que el bloque gobernante regresara a sus asientos y mantuviera los números, lo que desató airadas protestas alrededor del estrado principal. En medio de un ambiente sumamente caldeado, referentes como Sergio Palazzo denunciaron que la iniciativa no contiene una sola línea que beneficie a los empleados, sosteniendo que las modificaciones a las leyes de Contrato de Trabajo y de Asociaciones Sindicales están diseñadas exclusivamente para favorecer al sector empresarial.
El avance libertario sobre las normativas laborales y la creación del Fondo de Asistencia enfrentan un profundo rechazo opositor
Uno de los artículos más debatidos que logró superar la votación particular fue la instauración del Fondo de Asistencia Laboral. Este mecanismo, refrendado por ciento treinta voluntades, altera de manera sustancial el esquema de despidos, consintiendo que los montos indemnizatorios se cubran mediante un fondo que, según advirtieron diversos opositores como Máximo Kirchner y Miguel Ángel Pichetto, afectará directamente los recursos previsionales y actuará como un esquema para subsidiar las cesantías. A este escenario de precarización se suma la exclusión de conceptos remunerativos como el aguinaldo, premios y vacaciones del cálculo de la indemnización, reduciendo de forma drástica el ingreso final del trabajador afectado.
El entramado de modificaciones también introduce cambios drásticos en la jornada laboral, habilitando la extensión de ocho a doce horas diarias a través de un banco de horas, donde el excedente temporal deja de abonarse para ser compensado en otras jornadas. De igual manera, el texto normativo restringe severamente la organización de los trabajadores al acotar el derecho de huelga y la realización de asambleas en los espacios de tareas, declarando numerosos rubros como servicios esenciales para acorralar las medidas de fuerza. Simultáneamente, se deroga la Ley de Teletrabajo, quitando las garantías de equidad entre empleados presenciales y a distancia, mientras se consagra al personal de plataformas digitales como meros prestadores independientes, apartándolos del amparo protectorio general.
En sus disposiciones finales, la norma desmantela históricas regulaciones sectoriales mediante la supresión de los estatutos de periodistas, peluqueros y viajantes de comercio, atacando a su vez el esquema de paritarias al facultar que los convenios por empresa perforen los pisos de derechos acordados a nivel nacional. Representantes opositores, como Teresa García y Horacio Pietragalla, subrayaron que la integridad del documento vulnera el principio de progresividad laboral y se ubica en franca contradicción con el precepto constitucional. Frente a este escenario restrictivo, se proyecta que, una vez concretada su sanción, la batalla por frenar su aplicación continuará inevitablemente en los tribunales mediante numerosos recursos de inconstitucionalidad.
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