Diputados aprueba la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno entre fuertes críticas
La Cámara baja dio luz verde a las modificaciones de la normativa ambiental tras un extenso debate parlamentario. La nueva legislación reduce las áreas de hielo protegidas, limitando la tutela legal a aquellas que demuestren un aporte hídrico relevante. Organizaciones y bloques opositores denunciaron que la medida responde a intereses de las corporaciones mineras y advirtieron sobre el severo impacto en las reservas de agua dulce y el equilibrio ecológico de las provincias afectadas.
Infórmate en DiarioPampero.com – Tras una maratónica sesión legislativa, la Cámara de Diputados sancionó la modificación a la Ley de Glaciares con ciento treinta y siete votos afirmativos. La reforma redefine qué formaciones heladas mantienen protección estatal, liberando extensas zonas periglaciares para la explotación minera. El oficialismo logró imponer su proyecto con el aval de bancadas aliadas, mientras la oposición y agrupaciones ambientalistas rechazaron la medida con enorme firmeza.
La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron aprobar un proyecto que elimina la protección absoluta de las zonas periglaciares, habilitando el avance de proyectos mineros. La oposición denunció un pacto con el lobby empresarial y advirtió sobre la desprotección del agua dulce.
Luego de un prolongado debate que se extendió por casi once horas, la Cámara de Diputados de la Nación dio sanción a la reforma de la Ley 26.639. La sesión culminó durante la madrugada con un resultado de ciento treinta y siete votos a favor, ciento once en contra y tres abstenciones. El oficialismo contó con el respaldo indispensable del PRO, la UCR, Innovación Federal y varias bancadas provinciales. La relevancia de la votación quedó evidenciada con la presencia de la secretaria general de la Presidencia en el recinto en las horas previas a la definición. Mientras tanto, en las afueras del Congreso se registraron incidentes a raíz de un fuerte operativo de seguridad dispuesto para contener a los manifestantes que reclamaban bajo el lema de no tocar la normativa de protección de los hielos continentales.
El núcleo de la modificación legislativa radica en una alteración profunda de los parámetros de preservación del ambiente periglacial. La legislación anterior resguardaba la totalidad de los glaciares considerándolos áreas intocables para la provisión de recursos hídricos. A partir de esta reforma, únicamente mantendrán su tutela aquellas masas de hielo que puedan acreditar de manera comprobable un aporte hídrico relevante a las cuencas. Esto implica que múltiples formaciones de menor tamaño perderán su estatus de protección, despejando el camino normativo para la instalación y desarrollo de emprendimientos extractivos y mineros en esas regiones.
Durante la jornada parlamentaria, los bloques detractores aprovecharon sus intervenciones para plantear exigencias que incomodaron al oficialismo. Hubo intentos de avanzar con apartamientos de reglamento enfocados en cuestionar al jefe de Gabinete y al vocero presidencial, exigiendo interpelaciones por adquisiciones inmobiliarias y viajes oficiales, demostrando la alta tensión política que enmarcó la discusión de los recursos naturales.
El rechazo de la oposición y las denuncias de irregularidades en el debate
La defensa del proyecto oficialista estuvo a cargo del presidente de la comisión de Recursos Naturales, quien calificó de histórica a la audiencia pública previa al tratamiento de la ley. Argumentó como un logro la participación ciudadana, aunque las cifras revelaron que de los más de cien mil inscriptos, apenas una fracción ínfima logró exponer presencialmente o enviar sus aportes. Su exposición fue breve y evitó profundizar en los detalles técnicos sobre la reducción de la zona protegida.
Desde la vereda de enfrente, el arco opositor lanzó duras acusaciones. Legisladores ligados al peronismo tildaron la audiencia de farsa y afirmaron que la ley original no poseía vacíos legales, recordando que su constitucionalidad había sido avalada por la Corte Suprema. Advirtieron que las decisiones sobre las cuencas hídricas pasarán a depender de la voluntad política de las provincias mineras, marginando los estudios científicos de instituciones especializadas.
Las agrupaciones de izquierda y los representantes de otros bloques coincidieron en alertar sobre un modelo de saqueo de los bienes comunes. Se formularon reproches directos hacia funcionarios del actual gabinete que en el pasado defendían la protección de las áreas glaciares, y se acusó al gobierno de acatar un plan dictado por organismos de crédito internacionales. Diversos diputados subrayaron la importancia del agua dulce para la humanidad, citando referentes religiosos e históricos, y concluyeron que la reforma impulsará una competencia perjudicial entre los distritos para entregar sus recursos naturales a favor de beneficios económicos inmediatos.
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