Diputados rechaza veto de Milei a la Ley de Discapacidad con amplia mayoría
Infórmate en DiarioPampero.com – En una sesión histórica, la Cámara de Diputados rechazó con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición, liderada por Unión por la Patria, UCR disidente y otros bloques, logró los dos tercios necesarios para insistir en la norma que garantiza financiamiento para pensiones, actualizaciones de aranceles y protección de derechos hasta 2026. Ahora, el Senado debe ratificar la decisión para que la ley recobre vigencia, en un contexto de tensiones electorales y críticas al ajuste del Gobierno.
Con un contundente respaldo, la oposición desafía al Ejecutivo y busca restituir derechos para las personas con discapacidad.
La Cámara de Diputados de Argentina marcó un hito este miércoles al rechazar con una mayoría abrumadora el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y dos abstenciones, los bloques opositores, encabezados por Unión por la Patria, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, lograron superar el umbral de dos tercios requerido para insistir en la sanción original de la ley. Este resultado representa un fuerte revés para el oficialismo, que defendió el veto argumentando restricciones presupuestarias y la necesidad de mantener el equilibrio fiscal.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada originalmente por el Congreso el 10 de julio, declara la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. Entre sus puntos principales, asegura el financiamiento de pensiones no contributivas, establece actualizaciones mensuales de aranceles para prestadores, garantiza el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y protege la salud de los beneficiarios. Además, introduce una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, compatible con el empleo formal, y facilita la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Un debate marcado por la urgencia social
El debate en el recinto estuvo cargado de intensidad, reflejando la sensibilidad del tema en la sociedad argentina. Diputados de diversos bloques destacaron la situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias, agravada por el desfinanciamiento y la falta de actualización de prestaciones. La diputada Vilma Ripoll (Frente de Izquierda) celebró la apertura del debate, subrayando que “los familiares están esperándonos para que hagamos realidad esta necesidad”. Por su parte, Alejandro Vilca, también del Frente de Izquierda, calificó el veto como un ataque a los sectores más vulnerables y acusó al Gobierno de priorizar los intereses del Fondo Monetario Internacional.
La oposición contó con apoyos inesperados, como el de los libertarios Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, quienes se distanciaron del oficialismo y contribuyeron al quórum de 136 legisladores que permitió iniciar la sesión. Este respaldo, sumado a la unidad de bloques como Unión por la Patria y sectores disidentes de la UCR, fue clave para alcanzar los 172 votos. Sin embargo, el oficialismo, liderado por La Libertad Avanza y respaldado por el PRO, intentó frenar la iniciativa. El diputado Santiago Santurio defendió el veto, argumentando que las leyes aprobadas por la oposición carecen de financiamiento claro y afectan el superávit fiscal, una prioridad del Gobierno.
La sesión también estuvo marcada por un anuncio de última hora del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que el Ejecutivo “está considerando” un aumento en las prestaciones para discapacidad. Esta declaración generó indignación entre los opositores, quienes la consideraron una maniobra para desviar la atención. Daniel Arroyo (Unión por la Patria) criticó la falta de acción concreta, recordando que el sistema de atención a personas con discapacidad está “colapsado” y que los anuncios del Gobierno no han pasado de promesas. La Coalición Cívica, a través de Victoria Borrego, fue tajante al afirmar que el veto viola la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Contexto electoral y próximos pasos
La votación se desarrolló en un clima de alta tensión política, a semanas de las elecciones legislativas de octubre. La oposición aprovechó el momento para capitalizar el descontento social con el ajuste económico del Gobierno, que ha generado críticas por su impacto en sectores vulnerables. La aprobación de la insistencia en Diputados no solo representa una victoria simbólica, sino que abre la puerta a un nuevo capítulo en el Senado, donde se necesitarán nuevamente dos tercios de los votos para ratificar la ley y restituir su vigencia. Según el diputado Pablo Yedlin (Unión por la Patria), hay optimismo sobre la posibilidad de alcanzar este objetivo, lo que podría sentar un precedente frente a otros vetos presidenciales, como los relacionados con el aumento jubilatorio y la moratoria previsional.
El rechazo al veto también se vio reforzado por un fallo judicial reciente. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inconstitucional el veto a la Ley de Discapacidad en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores. Aunque el fallo se limita a ese caso específico, establece un precedente que fortalece los argumentos de la oposición. Organizaciones de personas con discapacidad, que han protagonizado movilizaciones frente al Congreso, celebraron la decisión de Diputados y mantienen una vigilia para presionar por la ratificación en el Senado.
El desenlace de esta pulseada legislativa será determinante no solo para las personas con discapacidad, sino también para el equilibrio de fuerzas políticas en un año electoral. La oposición, fortalecida por esta victoria, ahora apunta a otros temas sensibles, como el aumento de jubilaciones y la asistencia a Bahía Blanca por las inundaciones. Mientras tanto, el Gobierno enfrenta el desafío de sostener su narrativa de disciplina fiscal frente a una sociedad que reclama respuestas concretas para los sectores más vulnerables.
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