El paro de docentes universitarios comenzará el 30 de septiembre y durará hasta 72 horas
Los docentes de las universidades nacionales anunciaron un paro de entre 48 y 72 horas desde el miércoles 30 de septiembre. Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial, antes de la Marcha Federal prevista para el 15 de octubre.
Infórmate en DiarioPampero.com – La medida podría suspenderse si el Gobierno aplica antes del martes 29 el aumento previsto por la ley, mientras continúa el conflicto judicial por su cumplimiento.
Los docentes universitarios convocaron a un paro de actividades de 48 a 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre, según resolvió la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). La protesta reclama al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición de los salarios.
La medida fue definida en un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales y formará parte de las acciones previas a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre. La convocatoria busca coordinar actividades con CONADU Histórica y otros sindicatos del sector.
El paro no se realizaría si el Poder Ejecutivo cumple antes del martes 29 con el aumento del 33,4% contemplado en la norma. La última propuesta oficial había sido una suba del 3%, rechazada por los gremios durante la negociación paritaria.
El reclamo salarial y la disputa judicial
Los sindicatos y las universidades calculan que los salarios docentes adeudan una recomposición del 31,2%. El reclamo gremial también se apoya en el porcentaje establecido por la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone actualizar las remuneraciones de docentes y no docentes, además de los programas de becas estudiantiles.
La norma fue sancionada por el Congreso en 2025, pero el presidente Milei la vetó. Luego, el Parlamento insistió con la ley mediante los dos tercios requeridos en ambas cámaras. El Senado completó ese trámite el 2 de octubre de ese año, con 58 votos a favor y siete en contra.
El Gobierno promulgó la ley, aunque suspendió su aplicación al sostener que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. Esa decisión llevó a las universidades a iniciar una demanda judicial que derivó en la medida cautelar actualmente vigente.
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Gobierno a cumplir de manera total la medida cautelar. La resolución exige aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 y otorgó un plazo de cinco días.
El magistrado advirtió que podría imponer multas por cada jornada de demora. Cormick había dictado la medida en diciembre de 2025, la Cámara de Apelaciones la avaló en marzo y la Corte Suprema dejó firme la decisión el 25 de junio.
Por su parte, la Casa Rosada anunció que apelará la resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El Ejecutivo sostiene que ya cumplió la cautelar y que presentó ante la Justicia documentación para acreditarlo, aunque la apelación no modifica la medida original, que quedó firme.
La convocatoria docente apunta a sostener el reclamo hasta la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. CONADU anticipó que la movilización expondrá la situación del sistema universitario, tanto por la falta de aplicación de la ley como por el proyecto de Presupuesto 2027.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, vinculó el plan de lucha con la necesidad de fortalecer la acción colectiva. Según expresó, el plenario reflejó el contexto que atraviesa el sector y planteó la importancia de sostener la unidad sindical frente a la situación actual.
La organización también anticipó articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de distintas provincias. El objetivo será reforzar ante el Congreso el pedido de financiamiento para las universidades nacionales y de actualización de los salarios docentes y no docentes.
La continuidad del paro dependerá de la respuesta oficial antes del 29 de septiembre. Si no se aplica el aumento previsto por la ley, los sindicatos avanzarían con una medida de fuerza de hasta 72 horas y con nuevas acciones de visibilización antes de la marcha nacional.
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