Dos nuevas condenas en La Pampa por inasistencia escolar

En un fallo que refuerza la obligatoriedad de la educación, dos madres fueron condenadas esta semana en La Pampa por las reiteradas inasistencias de sus hijas al colegio. Ambas deberán cumplir 15 días de trabajos comunitarios, según la sentencia emitida por el juez Pablo De Biasi, quien intervino en ambos casos.

Contexto de las investigaciones

Las causas, impulsadas por la fiscal Natalia Urruti, se basaron en el artículo 120, inciso 6, de la Ley 3151, que sanciona el abandono o descuido del derecho a la educación. La primera de ellas se originó en Eduardo Castex, donde una menor acumuló 62 inasistencias injustificadas durante 2023 y 64 en lo que va de 2024. Según el colegio, a pesar de haber ofrecido soluciones a los problemas de salud y económicos señalados por la madre, la alumna continuó sin asistir. La defensa en este caso estuvo a cargo de Martín Saravia, defensor general de la provincia.

El segundo caso ocurrió en Santa Rosa, donde una joven dejó de concurrir al colegio secundario del barrio Aeropuerto desde 2023. La madre justificó la situación argumentando que su hija no quería asistir y que no estaba dispuesta a obligarla. La defensa fue ejercida por la abogada Vanessa Ortiz.

Audiencias y testimonios

En las audiencias se escucharon a directivos escolares y asesores pedagógicos, quienes narraron los esfuerzos realizados para que las estudiantes retomaran sus clases. Ambos casos incluyeron planteos de nulidad por parte de las defensas, pero estos fueron rechazados al momento de dictar sentencia.

Sentencia y antecedentes

El juez De Biasi determinó, además de los trabajos comunitarios, que las madres reciban instrucción especial sobre cómo garantizar el cumplimiento de la asistencia escolar. Este tipo de condenas no es nueva en la provincia: la semana pasada, otra madre de Santa Rosa fue sentenciada a 10 días de trabajos comunitarios por las 51 inasistencias injustificadas de su hijo de 14 años.

Un llamado a la reflexión

Las sentencias buscan no solo sancionar, sino también generar conciencia sobre la importancia de la educación como un derecho fundamental. Las autoridades locales recalcaron la necesidad de articular esfuerzos entre las familias y las instituciones educativas para garantizar la continuidad escolar y prevenir situaciones similares en el futuro.