Durante 16 años fingió no poder hablar para cobrar una pensión por incapacidad

Durante 16 años fingió no poder hablar para cobrar una pensión por incapacidad en España: la justicia la descubrió y actuó

En Andalucía, una mujer que cobraba una pensión desde 2009 fue descubierta simulando ser muda. Un detective y revisiones médicas comprobaron que hablaba con normalidad. El Tribunal Superior de Justicia anuló su pensión, derivó el caso a la Fiscalía y evalúa posibles sanciones económicas y penales.

Una mujer fue descubierta tras simular la pérdida del habla durante más de una década para percibir una pensión por invalidez. Un informe médico y el seguimiento de un detective demostraron que se comunicaba sin problemas. La Justicia anuló su pensión, remitió el caso a la Fiscalía y evalúa sanciones adicionales.

Un seguimiento discreto desmanteló el engaño

Durante más de tres lustros, una mujer logró mantener el cobro de una pensión por incapacidad absoluta simulando haber perdido el habla, a raíz de un presunto episodio traumático ocurrido en 2003. Desde 2009, percibía la prestación por invalidez tras haber dejado su empleo como cajera de supermercado en Andalucía. Sin embargo, una investigación impulsada por la obra social que cubría el caso terminó por evidenciar el fraude.

Las primeras señales de sospecha surgieron al revisar sus antecedentes clínicos. Pese a acudir regularmente a consultas médicas con distintos especialistas, no se encontraron registros de limitaciones relacionadas con el habla. Ante esto, la mutual encargó un seguimiento a un detective privado, cuyas observaciones fueron contundentes: la mujer mantenía una vida social activa, hablaba por teléfono, interactuaba en comercios y se comunicaba con total normalidad en público.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avaló el informe del investigador y concluyó que hubo una «simulación del cuadro de pseudomutismo». También consideró que la evolución del supuesto trastorno fue incompatible con la continuidad del beneficio económico. La resolución remite el caso a la Fiscalía para analizar una posible infracción penal contra la Seguridad Social y habilita una nueva causa para establecer una multa por temeridad.

En paralelo, las autoridades deberán resolver si corresponde exigir la devolución de los fondos percibidos a lo largo de los 16 años. La defensa de la mujer había intentado impugnar las pruebas por supuesta violación de derechos constitucionales, pero los magistrados rechazaron ese argumento y validaron la legalidad del informe del detective.