Argentina sufrió otro revés judicial por la expropiación de Aerolíneas y enfrenta un pago millonario
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el recurso presentado por Argentina contra una sentencia relacionada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La decisión mantiene una condena de u$s 390 millones más intereses a favor de Titan Consortium. Mientras el demandante busca avanzar sobre bienes argentinos en el exterior, la Procuración del Tesoro estudia alternativas para reducir las consecuencias del fallo.
Infórmate en DiarioPampero.com – La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó el pedido de Argentina para revisar una sentencia vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. El fallo mantiene una obligación de pago de u$s 390 millones más intereses a favor de Titan Consortium, que adquirió los derechos de Marsans. La Procuración del Tesoro analiza nuevas vías legales para reducir el impacto y evitar embargos sobre activos argentinos en el exterior y resguardar activos públicos.
La resolución judicial representa un nuevo inconveniente para Argentina en los tribunales internacionales. El expediente se originó en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral realizada en 2008. Desde entonces, el país afronta una extensa disputa por las compensaciones reclamadas por los antiguos propietarios de las compañías.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el pedido de revisión presentado por la defensa argentina. De esta manera, confirmó la decisión adoptada por el tribunal inferior, que había reconocido una condena de u$s 390 millones más intereses en favor de Titan Consortium.
La representación argentina había solicitado que se desestimara el planteo de Titan Consortium ante la Justicia estadounidense. El fondo pretende utilizar esos tribunales para reconocer la sentencia arbitral y reclamar medidas de ejecución sobre bienes pertenecientes al Estado argentino fuera del país.
El conflicto judicial comenzó a tomar forma en 2017. Ese año, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como CIADI, emitió un laudo contrario a Argentina. El tribunal arbitral del Banco Mundial ordenó pagar u$s 320 millones, además de intereses y costas.
La condena se vinculó con la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral concretada en 2008. El Estado argentino había buscado revertir el laudo mediante los procedimientos disponibles dentro del sistema arbitral. Sin embargo, esos intentos no prosperaron y la decisión quedó firme en 2019.
Tras esa definición, Titan Consortium adquirió los derechos que pertenecían a Marsans para continuar el litigio. La operación le permitió presentarse como reclamante y avanzar con acciones destinadas a obtener el cobro de la sentencia en jurisdicciones donde Argentina posee bienes o desarrolla actividades.
En 2021, el fondo solicitó ante la Corte de Distrito de Columbia el reconocimiento y la ejecución del laudo del CIADI. El planteo era necesario para convertir la resolución arbitral en una sentencia aplicable dentro de Estados Unidos y, de ese modo, habilitar posteriores pedidos de embargo.
La discusión incluyó el plazo de prescripción que debía utilizarse para analizar el reclamo. Argentina sostuvo que correspondía aplicar un período de tres años. En cambio, el tribunal estadounidense resolvió en 2024 que el plazo aplicable era de doce años.
Esa interpretación permitió mantener vigente la demanda de Titan Consortium. La Corte de Distrito reconoció entonces la sentencia y actualizó la obligación hasta los u$s 390 millones más intereses. La cifra superó el monto original debido al paso del tiempo y a los conceptos incorporados desde el laudo inicial.
La Procuración del Tesoro apeló esa resolución durante 2025. La defensa buscó que la instancia superior revisara la decisión relacionada con la prescripción y el reconocimiento del laudo. No obstante, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso y confirmó lo dispuesto por el tribunal inferior.
El rechazo del recurso deja vigente el reconocimiento estadounidense del laudo dictado por el CIADI y permite que Titan Consortium continúe con sus intentos de cobro. La defensa argentina deberá definir ahora si utiliza otras herramientas judiciales, busca negociar una reducción de la deuda o adopta medidas destinadas a limitar posibles embargos sobre bienes estatales ubicados en el exterior.
La confirmación del fallo no implica necesariamente un cobro inmediato. Sin embargo, fortalece la posición del demandante para solicitar información sobre activos argentinos y presentar medidas destinadas a ejecutar la sentencia. Este tipo de procedimientos puede extenderse durante años y generar nuevas discusiones sobre la inmunidad de los bienes estatales.
Otros acreedores de Argentina utilizaron estrategias similares en causas relacionadas con la expropiación de YPF y con títulos públicos. En esos expedientes, los demandantes solicitaron datos sobre propiedades, residencias oficiales, participaciones empresarias y otros activos vinculados con el Estado.
Algunos litigantes también formularon reclamos relacionados con las reservas de oro que el Banco Central trasladó fuera del país. La posibilidad de avanzar sobre esos bienes forma parte de una discusión jurídica más amplia, ya que Argentina sostiene que determinados activos se encuentran protegidos por normas de inmunidad soberana.
Frente al nuevo escenario, la Procuración del Tesoro analiza qué recursos permanecen disponibles. La estrategia podría incluir nuevas presentaciones judiciales, negociaciones con la parte demandante o acuerdos destinados a reducir el monto final. El objetivo será evitar que la condena produzca consecuencias mayores sobre las cuentas y los bienes públicos.
La defensa argentina cuenta con antecedentes recientes de acuerdos que redujeron reclamos judiciales. Uno de ellos involucró a los fondos Bainbridge y Attestor Master Value. El Congreso aprobó un proyecto que contempló el pago de u$s 170 millones después de aplicar recortes superiores al 30% sobre las sumas reclamadas.
Ese antecedente podría servir como referencia para una eventual negociación con Titan Consortium. Sin embargo, cada expediente presenta condiciones diferentes. La posibilidad de alcanzar un entendimiento dependerá de la voluntad de las partes, del estado procesal de la causa y de las garantías solicitadas para concretar el pago.
El caso de Aerolíneas Argentinas se suma a otros litigios que continúan abiertos en el exterior. Uno de los más relevantes corresponde a la expropiación de YPF. En esa causa, los demandantes financiados por Burford Capital anticiparon que podrían recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos o volver a tribunales internacionales.
La Cámara de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York rechazó la decisión de la jueza Loretta Preska que había ordenado a Argentina pagar u$s 16.000 millones. El tribunal pidió que la magistrada revisara su resolución, mientras los demandantes adelantaron que insistirían con su reclamo.
Aunque esa causa permanece sujeta a nuevos movimientos judiciales, continúa formando parte de los compromisos legales que enfrenta el país. Su desarrollo será prolongado y puede incluir recursos ante instancias superiores, nuevas resoluciones y discusiones vinculadas con la ejecución de una eventual condena.
En paralelo, tenedores de bonos con cupón PBI emitidos en euros reclaman recibir un tratamiento semejante al otorgado a Bainbridge y Attestor. Esos acreedores cuentan con sentencias favorables sin instancias de apelación por aproximadamente u$s 1.800 millones.
Los bonistas también analizan iniciar una nueva demanda por un monto equivalente. Ese posible expediente ampliaría las obligaciones reclamadas contra Argentina y sumaría presión sobre la Procuración del Tesoro, que debe coordinar la defensa del Estado en varios procesos desarrollados fuera del territorio nacional.
La sentencia por Aerolíneas Argentinas confirma así la continuidad de un conflicto iniciado hace más de una década. La decisión de la Corte de Apelaciones mantiene el reconocimiento del laudo y deja a Titan Consortium en condiciones de continuar sus gestiones para cobrar la condena.
El Gobierno deberá resolver si prolonga la disputa mediante nuevos planteos o intenta alcanzar un acuerdo que reduzca la suma reclamada. Mientras tanto, la defensa buscará impedir que los pedidos de ejecución afecten activos protegidos y evitar que el caso tenga mayores consecuencias sobre el patrimonio estatal.
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