El gobernador Ziliotto aceptó la renuncia del fiscal Mendiara para eludir su enjuiciamiento por inconducta
La decisión del gobierno provincial de aceptar la dimisión indeclinable del fiscal general Sebastián Mendiara cierra un capítulo polémico en la justicia pampeana. Con la firma del Decreto 445, el funcionario evitó someterse a un jurado de enjuiciamiento que lo investigaba por múltiples denuncias de inconducta, abuso de autoridad y violencia. Aunque argumentó motivos personales, su salida se da en medio de fuertes cuestionamientos sobre su desempeño al frente de la Tercera Circunscripción.
Infórmate en DiarioPampero.com – El gobierno de La Pampa oficializó la salida del fiscal general Sebastián Mendiara al aceptar su renuncia indeclinable mediante el Decreto 445. El funcionario enfrentaba un inminente jurado de enjuiciamiento por episodios de violencia, maltrato laboral y abuso de poder. Al dar un paso al costado argumentando motivos personales, el exfuncionario esquivó el proceso de destitución definitivo que evaluaba exhaustivamente su conducta al frente del organismo estatal.
El gobernador Sergio Ziliotto concretó la firma del Decreto 445, documento mediante el cual se formaliza la aceptación de la renuncia indeclinable presentada por Sebastián Alejandro Mendiara. Este funcionario se desempeñaba como fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en General Acha desde el mes de noviembre de 2023. La dimisión fue avalada también por el ministro de Seguridad y Justicia, Horacio Esteban di Nápoli, poniendo fin a una gestión atravesada por serios cuestionamientos y escándalos de dominio público.
En su misiva dirigida al titular del Ejecutivo provincial, Mendiara esgrimió razones estrictamente particulares para justificar su alejamiento. En el texto oficial, el exfiscal aseguró que dar un paso al costado era la medida más adecuada para garantizar el correcto funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y fortalecer sus instituciones. Asimismo, dedicó unas líneas para agradecer la confianza otorgada durante su nombramiento y destacó el acompañamiento de sus colegas y el personal judicial bajo su órbita, pese a la controversia generalizada que lo rodeaba.
Las graves acusaciones por desorden de conducta que motivaron el proceso disciplinario y la maniobra legal para eludir la inminente destitución por parte del tribunal enjuiciador
La presentación de esta renuncia no fue un hecho aislado ni producto de una simple evaluación personal, sino que se produjo apenas horas antes de que Mendiara debiera comparecer ante un jury. La abogada Selia Domínguez Ardohain, en su rol de codefensora, fue la encargada de presentar la documentación ante la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento. Esta acción legal le permitió al ahora exfuncionario evitar de manera definitiva el proceso de destitución que pesaba en su contra bajo la figura de desorden de conducta, contemplada en el artículo 21, inciso 2° de la Ley provincial N.º 313.
El tribunal que se preparaba para juzgarlo, presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía, e integrado por legisladores y abogados de la matrícula, tenía en su poder un expediente con múltiples denuncias. Entre los antecedentes que propiciaron este escenario judicial se encuentra un altercado con efectivos policiales a la salida de un local bailable en la localidad de Victorica, donde el exfiscal habría exhibido un comportamiento errático, en aparente estado de ebriedad y valiéndose de su jerarquía institucional para amedrentar a los uniformados.
A ese episodio se sumaron otras acusaciones de enorme peso que terminaron de cercar su figura profesional y lo empujaron a presentar la renuncia. Se reportó una agresión física contra un menor de quince años, a quien habría tomado del cuello durante un evento deportivo, así como repetidas denuncias por hostigamiento sistemático y agresiones verbales hacia un secretario de su propia oficina. Este último conflicto laboral generó un nivel de tensión inmanejable que derivó en una licencia psiquiátrica prolongada para el trabajador afectado, evidenciando un entorno incompatible con la administración de justicia.
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