El Gobierno apelará la multa diaria por incumplir una medida cautelar universitaria
El Poder Ejecutivo anunció que apelará la multa diaria de $100.000 impuesta al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución exige actualizar salarios y garantizar becas en universidades públicas nacionales.
Infórmate en DiarioPampero.com – La Casa Rosada cuestionó al juez Martín Cormick y anticipó que recurrirá la sanción dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11.
El Gobierno apelará la multa por fondos universitarios dispuesta en una causa vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción fue impuesta por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11.
Según informó la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo recurrirá la resolución porque considera que el magistrado ha fallado “recurrentemente” contra la gestión del presidente Javier Milei. El oficialismo también cuestionó sus antecedentes y vínculos políticos, aunque esas afirmaciones fueron presentadas como argumentos del Gobierno.
La medida judicial establece una multa diaria de $100.000 para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una orden cautelar relacionada con el financiamiento de las universidades públicas nacionales.
La disputa por el financiamiento
La resolución judicial fue dictada este miércoles y, de acuerdo con el contenido difundido, hizo efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre. El juez sostuvo que existía un “incumplimiento verificado” de la orden emitida en el expediente.
La cautelar fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado Nacional. El planteo se relaciona con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento es rechazado por el Gobierno.
Entre las obligaciones fijadas por la medida se encuentra la recomposición y actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas nacionales. También contempla la garantía de los fondos destinados a las becas estudiantiles.
En su resolución, Cormick indicó que correspondía avanzar con la aplicación de astreintes diarias al funcionario a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. La sanción económica continuará vinculada al incumplimiento señalado en el expediente.
Desde la Casa Rosada cuestionaron además la actuación previa del magistrado. Según fuentes oficiales citadas en el contenido difundido, Cormick “tiene pasado y amigos en La Cámpora” y anteriormente buscó declarar nulo el protocolo antipiquetes.
El oficialismo también mencionó que el juez fue titular de la Inspección General de Justicia y que se desempeñó como síndico general del PAMI durante la gestión de Luana Volnovich, actual diputada nacional. Esos señalamientos forman parte de la argumentación política anticipada por el Gobierno para presentar la apelación.
La controversia judicial se suma al conflicto que mantienen el Poder Ejecutivo y las universidades públicas por la actualización presupuestaria, los salarios del personal y el financiamiento de las becas. La causa continuará ahora con el trámite de la apelación anunciada por el Gobierno.
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