El Gobierno apeló las multas judiciales vinculadas al financiamiento universitario
El Gobierno apeló la intimación del juez Martín Cormick para aplicar de manera integral la Ley de Financiamiento Universitario y pidió que se suspenda el apercibimiento de multas, mientras continúa la disputa por salarios y becas.
Infórmate en DiarioPampero.com – La presentación oficial sostiene que la cautelar ya fue cumplida con transferencias, resoluciones y documentación sobre programas de becas, aunque los gremios universitarios cuestionan esa interpretación.
El Gobierno apeló la intimación judicial que le otorgó cinco días para cumplir de manera integral con la cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. En la misma presentación solicitó que se deje sin efecto el apercibimiento de multas por cada día de demora.
El escrito fue presentado el viernes ante el juez Martín Cormick. Según la posición del Ejecutivo, las obligaciones establecidas por la medida cautelar ya fueron cumplidas y la documentación incorporada al expediente respalda esa interpretación.
El magistrado había considerado que no existió un cumplimiento total de la medida e intimó al Estado a completar las acciones ordenadas. La resolución fue dictada bajo apercibimiento de aplicar astreintes, una sanción económica por cada jornada de incumplimiento.
La disputa ante la Justicia
Además de pedir la revocación de la intimación y del apercibimiento, el Gobierno planteó que, si el juzgado rechaza su presentación, se habilite una apelación con efecto suspensivo. De ese modo, busca evitar que las sanciones económicas se apliquen mientras el caso es revisado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
La discusión judicial se concentra en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esas disposiciones contemplan la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios, además de la recomposición de programas de becas para estudiantes.
En su presentación, el Ejecutivo afirmó que los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 acumularon un 226,8 por ciento y defendió las negociaciones paritarias realizadas durante este año. Los gremios universitarios rechazan ese criterio y sostienen que todavía existe una pérdida salarial.
En relación con las becas, el Gobierno aportó documentación sobre la actualización del programa Manuel Belgrano. Sin embargo, mantiene diferencias respecto de cuáles son los demás programas que deben quedar comprendidos por la cautelar.
La Casa Rosada también cuestionó la posibilidad de aplicar multas económicas al Estado Nacional. Según argumentó, la medida cautelar fue cumplida mediante transferencias, resoluciones salariales, actas paritarias y documentación vinculada con las becas estudiantiles.
El antecedente judicial se remonta a diciembre de 2025, cuando el juez Cormick dictó la medida cautelar. La Cámara de Apelaciones la avaló en marzo de este año y la Corte Suprema de la Nación dejó firme la decisión el 25 de junio.
Ahora, la definición quedó nuevamente en manos del juez federal, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. Si rechaza el pedido del Ejecutivo, deberá resolver sobre la apelación y determinar si corresponde concederla con efecto suspensivo antes de que el expediente llegue a la Cámara.
En paralelo, el Gobierno busca sostener las negociaciones con rectores y gremios universitarios en el marco de la discusión del Presupuesto 2027. El conflicto judicial se desarrolla mientras continúa el reclamo sindical por la aplicación de la ley y por una recomposición de los ingresos del sector.
Los gremios anunciaron un nuevo paro general de actividades para la próxima semana, sujeto a la decisión del Poder Ejecutivo sobre el aumento del 33,4 por ciento previsto por la ley. Según informaron, la medida alcanzaría a las universidades nacionales de todo el país durante un período de entre 48 y 72 horas desde el miércoles 30 de septiembre.
La medida fue resuelta en un plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, que buscará coordinarla con la CONADU Histórica. La protesta formará parte de las acciones previas a la Quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.
Los trabajadores universitarios reclaman al Gobierno de Javier Milei que aplique la Ley de Financiamiento Universitario y atienda el deterioro del poder adquisitivo. La continuidad del conflicto dependerá de las próximas decisiones judiciales y de las respuestas oficiales al reclamo salarial.
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