El Gobierno Interviene Medios Públicos y Educ.Ar: Diego Martín Chaher es Designado Interventor
En una decisión oficializada este lunes, el Gobierno anunció la intervención de las sociedades del Estado Educ.Ar, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA), y Contenidos Públicos por un período inicial de un año, susceptible de prorroga única por decisión de la Jefatura de Gabinete. La medida, establecida en el decreto 117/2024 y publicada en el Boletín Oficial, designa al abogado Diego Martín Chaher como interventor de RTA y, de manera ad-honorem, de Télam, Contenidos Públicos, y del portal Educ.Ar.
Asimismo, Sebastián Marías fue nombrado interventor adjunto de Radio y Televisión Argentina y, de igual manera, ad-honorem en Télam, Contenidos Públicos, y Educ.Ar.
Facultades de los Interventores y Plan de Reformulación
En el ejercicio de sus funciones, los interventores tienen atribuciones conjuntas, equiparables a las facultades conferidas al Directorio y su presidente según los estatutos de las empresas intervenidas. El decreto insta a elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, sujeto a la aprobación del Poder Ejecutivo.
Entre las responsabilidades de los interventores se encuentra la evaluación y modificación del Estatuto para el Personal del organismo, así como la propuesta de cambios en el régimen de administración de fondos, pudiendo ampliar o reducir partidas presupuestarias o aprobar uno nuevo.
Adicionalmente, los interventores pueden modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo, así como cambiar la denominación de los organismos, previa conformidad del Ejecutivo. También están facultados para modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete, o aprobar uno nuevo, según establece la norma.
Motivaciones de la Intervención
En los fundamentos del decreto, se destaca la coherencia con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, que declaró la emergencia pública en diversas áreas hasta diciembre de 2025. Según el documento, esta medida responde a la necesidad de una reorganización profunda de las empresas públicas para lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público.
El DNU 70/2023 derogó la ley 20.705 y dispuso la transformación de las sociedades o empresas con participación estatal en sociedades anónimas, ajustándose al régimen de la Ley General de Sociedades. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Guillermo Francos, marcando un hito en el proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno.
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