El Gobierno promueve “Ficha Limpia”: Milei firma antes de viajar a EE. UU.
El presidente Javier Milei firmó el proyecto de ley «Ficha Limpia», que inhabilita a personas condenadas por corrupción para cargos públicos. El oficialismo sostiene que la medida busca garantizar transparencia, mientras que la oposición sostiene que se trata de una maniobra electoralista para proscribir candidatos perseguidos judicialmente . Se debatirá este 20 de enero. Propone un Registro Público para verificar antecedentes judiciales y no exige sentencia firme.
Javier Milei avaló el proyecto de ley «Ficha Limpia», que inhabilita a personas condenadas por corrupción para ocupar cargos públicos. La medida busca reforzar la transparencia institucional y será debatida en las sesiones extraordinarias convocadas. Antes de partir hacia Estados Unidos para asistir a la asunción de Donald Trump, el presidente formalizó su apoyo.
La iniciativa conocida como “Ficha Limpia” establece la inelegibilidad de quienes tengan condenas en segunda instancia por corrupción. Además, extiende esta restricción a cargos públicos clave, como ministros, secretarios y otros altos funcionarios de la administración nacional. Con el objetivo de garantizar transparencia electoral, se propone la creación de un Registro Público que permita verificar antecedentes judiciales de los candidatos de manera ágil y efectiva.
Implicancias y reacciones políticas
El proyecto incorpora el concepto de “doble conforme”, evitando demoras judiciales y agilizando los procesos. Además, contempla la inelegibilidad inmediata desde la sentencia condenatoria si esta ocurre antes de un año electoral, pero permite la participación en elecciones si la condena se dicta en pleno año electoral, aplicándose para los comicios posteriores.
Luis Petri, ministro de Defensa, encabezó la redacción formal de la propuesta, que busca diferenciarse de intentos legislativos previos. En ese contexto, el gobierno pretende generar consenso entre los bloques parlamentarios para avanzar con la medida. La oposición, no obstante, señala posibles conflictos en la aplicación electoral y denuncia una estrategia política encubierta.
El gobierno confía en que el proyecto fortalezca las instituciones democráticas y combata la corrupción, respondiendo a reclamos sociales por mayor transparencia. En paralelo, intenta despejar dudas sobre eventuales acuerdos políticos con sectores opositores tras la ausencia de legisladores de La Libertad Avanza en recientes debates parlamentarios.
El debate de esta propuesta estará marcado por su impacto político, así como por sus posibles consecuencias para figuras relevantes, como la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, condenada en 2024. Además, el proyecto podría convertirse en un test para medir el compromiso del oficialismo con la lucha anticorrupción.
El tratamiento en el Congreso está previsto para las sesiones extraordinarias del 20 de este mes, donde el oficialismo buscará aprobar esta iniciativa que podría marcar un nuevo precedente en la transparencia institucional.
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