El Gobierno Propone Reducción de la Edad de Imputabilidad a 13 Años
El proyecto de «Ley Penal Juvenil», presentado por Patricia Bullrich, busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años. La ministra de Seguridad expresó su entusiasmo en redes sociales, asegurando que la impunidad se termina ahora.
El Gobierno ha enviado este martes su proyecto de «Ley Penal Juvenil» al Congreso, con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la medida con entusiasmo en un mensaje en X.
«Tenés 13 años: si las hacés, las pagás», declaró Bullrich al comentar sobre el proyecto. «Hoy llegó al Congreso la Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 13 años. Bajo el liderazgo del presidente, Javier Milei, este es el primer Gobierno que se anima a dar este paso firme hacia la justicia real».
«La impunidad se termina ahora. No más excusas: quien comete un delito pagará las consecuencias», sentenció Bullrich, reiterando su compromiso con el plan de gobierno de La Libertad Avanza, el espacio político al que se incorporó al inicio de su gestión.
El entusiasmo de Bullrich por la posibilidad de encarcelar a menores de hasta 13 años es compartido por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con quien presentó en junio el proyecto de «Ley Penal Juvenil».
Este proyecto establece que los adolescentes de entre 13 y 18 años que cometan delitos serán alcanzados por la nueva ley, garantizando derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales. La privación de libertad se llevará a cabo en establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.
Entre otras medidas, se incluirá la comunicación a los padres de la imputación y demás actos procesales, así como la protección a las víctimas. Las penas podrán variar entre 3 a 6 años, con posibilidad de ser reemplazadas por medidas alternativas en ciertos casos.
El cumplimiento de las penas será verificado por el juez o el fiscal y, en algunos casos, también por la víctima si lo desea. El proyecto contempla un máximo de penas de 20 años, con la posibilidad de medidas alternativas al cumplir dos tercios de la condena. Además, se establece un supervisor para el seguimiento del menor imputado.
En casos de menores no imputables, como aquellos menores de 13 años, el juez investigará la existencia y circunstancias del hecho ilícito, realizando peritajes psicológicos y otros informes necesarios. La dilación injustificada del proceso por parte del juez será considerada una falta grave, y las víctimas recibirán atención psicológica y patrocinio gratuito.
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