El Gobierno vende la planta de billetes ex Ciccone y deja a 270 trabajadores sin empleo

La decisión de vender la emblemática planta estatal marca un nuevo paso en la política de desarticulación del Estado. Mientras 270 empleados quedan en la incertidumbre, se abre la puerta a negocios privados en la fabricación de dinero.

El anuncio llegó desde las playas de Río de Janeiro, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó la venta de la planta exCiccone, ubicada en Don Torcuato. Esta instalación, histórica en la fabricación de billetes y patentes en Argentina, será desmantelada, dejando al Estado sin una herramienta clave para garantizar su autonomía en la emisión de moneda.

La planta, que había sido recuperada por el Estado en 2012, se convirtió en un símbolo de la capacidad del país para producir su propio dinero físico. Sin embargo, el gobierno actual justificó la venta como una medida para obtener ingresos frescos en dólares y reducir gastos operativos. La transacción también permitirá a actores privados ingresar al lucrativo negocio de la impresión de billetes.

Impacto social y críticas al modelo de gestión

La medida no está exenta de polémica. Con el cierre de la planta, 270 trabajadores han sido cesados y enfrentan un futuro incierto. Para los empleados, que se dedicaban a tareas esenciales como la impresión de moneda y la fabricación de patentes, la decisión no solo significa la pérdida de sus puestos, sino también el cierre de un capítulo histórico en la industria estatal.

Diversos sectores han criticado la decisión, acusando al gobierno de priorizar intereses privados sobre los públicos. “La venta de Ciccone es más que un negocio; implica ceder la soberanía en un área estratégica para la economía del país”, señalaron desde el ámbito sindical, donde ya anticipan posibles protestas y reclamos por indemnizaciones adeudadas.

En medio de la creciente desconfianza hacia la política económica, la venta de Ciccone se suma a una lista de activos estatales que han sido liquidados en los últimos años. Aunque el gobierno apuesta a que estas medidas mejoren la disponibilidad de divisas, el impacto social y las dudas sobre el destino de estos ingresos siguen generando debates encendidos en la opinión pública.