El Senado da luz verde a la Ley de Financiamiento Universitario en medio de un nuevo revés para el oficialismo
La Cámara Alta aprobó con una amplia mayoría el proyecto que ya contaba con media sanción de Diputados, mientras el Gobierno anticipa su veto. ¿Qué implica esta ley y por qué genera tanto debate?
El Senado argentino aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, marcando otra derrota significativa para el oficialismo, que ya venía de perder la votación de la Boleta Única Papel. Este proyecto, que había recibido media sanción en la Cámara de Diputados, obtuvo 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
El Gobierno, no obstante, ha expresado su intención de vetar la ley, argumentando que pondría en peligro el superávit fiscal. La iniciativa, impulsada por la Unión Cívica Radical, busca aumentar los fondos destinados a las universidades nacionales con el objetivo de garantizar su funcionamiento y mejorar los salarios de docentes y no docentes. El impacto fiscal proyectado asciende a 735.598 millones de pesos, equivalente al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Eduardo «Wado» de Pedro y la defensa de la educación pública
Durante el acalorado debate, el senador kirchnerista Eduardo «Wado» de Pedro acusó al gobierno de querer «desmantelar» las universidades públicas. «Este proyecto define si financiamos el futuro de nuestros jóvenes o si los dejamos sin oportunidades», sostuvo con firmeza. De Pedro también criticó la administración de Javier Milei, señalando que el gobierno está atacando «los principios fundamentales de la educación» y advirtió que esto pone en riesgo la supervivencia del sistema universitario.
Por otro lado, desde el oficialismo, el senador de la Libertad Avanza, Bruno Olivera, defendió la postura gubernamental, argumentando que ya se ha incrementado un 270% el presupuesto para las universidades nacionales y que el proyecto no explica cómo se financiarán estos nuevos aumentos. Olivera insistió en que el déficit fiscal «no se negocia» y cuestionó el mecanismo de actualización salarial propuesto para los docentes.
En caso de que la ley entre en vigor, el Poder Ejecutivo deberá ajustar de forma bimestral los fondos destinados a las universidades en función de la inflación. Este ajuste incluiría partidas para salarios y gastos de funcionamiento, en un esfuerzo por mantener el sistema universitario alineado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el veto presidencial podría dejar este avance legislativo en el aire.
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