Titan Consortium podrá embargar bienes argentinos en EE.UU. por USD 390,9 millones


La jueza estadounidense Jia Cobb autorizó a Titan Consortium a iniciar pedidos de embargo contra activos de la Argentina en Estados Unidos para cobrar una sentencia de USD 390,9 millones, originada en la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
Infórmate en DiarioPampero.com – La resolución permite avanzar con la ejecución de un laudo del Ciadi que quedó firme tras distintos planteos judiciales y apelaciones.
La justicia de Estados Unidos habilitó a Titan Consortium a solicitar embargos o ejecuciones de bienes de la República Argentina para cobrar un reclamo de USD 390,9 millones, más intereses, vinculado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008.
La autorización fue emitida por la jueza Jia Cobb, del tribunal federal del Distrito de Columbia. Según explicó el especialista Sebastián Maril, el fondo puede iniciar los procedimientos desde el lunes 28 de septiembre, aunque la existencia del permiso no implica que los embargos ya hayan sido presentados.
El fallo adquiere relevancia porque permite ejecutar en territorio estadounidense una sentencia del Ciadi, el tribunal de resolución de controversias vinculado al Banco Mundial. La decisión se produjo luego de que, según la jueza, la Argentina no intentara cumplir durante 21 meses con una orden judicial de pago.

El recorrido judicial del reclamo
El origen del caso se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, que estaban bajo control del grupo español Marsans. En 2017, el Ciadi dictó un laudo que condenó a la Argentina a pagar aproximadamente USD 321 millones, además de intereses y costas.
El pedido de anulación presentado por el país fue rechazado y la resolución quedó firme en 2019. Dos años después, Titan Consortium LLC solicitó ante la justicia estadounidense el reconocimiento y la ejecución del laudo.
En 2024, un tribunal norteamericano reconoció la sentencia y ordenó a la Argentina pagar USD 390,9 millones más intereses. La República Argentina apeló en 2025 y planteó que el reclamo estaba alcanzado por un plazo de prescripción de tres años.
El 21 de julio, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia determinó que el plazo aplicable era de doce años y fijó en USD 390,9 millones el monto ejecutable a favor de Titan Consortium. Con esa resolución, la jueza Cobb habilitó el siguiente paso del proceso.
Maril señaló que el expediente figura registrado en las jurisdicciones de Nueva York y Washington, aunque aclaró que eso no determina dónde serán presentados los pedidos de embargo. También planteó que, por el origen del litigio, los demandantes podrían volver a intentar medidas sobre aeronaves de Aerolíneas Argentinas.
En noviembre de 2024, las partes habían alcanzado un principio de acuerdo para resolver la disputa, pero el entendimiento finalmente no habría prosperado. Desde 2021, Titan Consortium intenta ante los tribunales estadounidenses que la Argentina pague la condena derivada del laudo internacional.
El caso se suma a otros reclamos contra el Estado argentino. De acuerdo con Maril, Webuild cuenta con aprobación para registrar en la justicia norteamericana un fallo por USD 127 millones relacionado con contratos de infraestructura incumplidos.
Además, Saur International busca la aprobación para registrar un reclamo por USD 72 millones por un argumento similar. Palladian Partners, en tanto, procura registrar una demanda vinculada con los Cupones PBI en euros por una suma de USD 1.800 millones.
El especialista sostuvo que se trata de fallos finales que la Argentina no estaría pagando y mencionó que el artículo 49 del Presupuesto 2027 contempla USD 1.100 millones destinados exclusivamente a casos del Ciadi.
En paralelo, Burford Capital llevó al Ciadi un reclamo relacionado con la expropiación de YPF, según informó Maril el 16 de septiembre. La firma había obtenido anteriormente un fallo de la jueza Loretta Preska por USD 16.000 millones, posteriormente invalidado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Maril también indicó que se esperaba una eventual presentación de Burford ante la Corte Suprema de Estados Unidos antes de finalizar septiembre. A diferencia del proceso por YPF, anticipó que el reclamo ante el Ciadi podría avanzar sin movimientos públicos constantes.
La autorización judicial no equivale a un embargo inmediato: Titan Consortium quedó habilitado para solicitar medidas sobre bienes alcanzados por la ejecución, pero deberá presentar los pedidos correspondientes y enfrentar, eventualmente, planteos del Estado argentino.
La resolución de Washington marca, de todos modos, un nuevo avance para el fondo demandante, que ahora cuenta con una vía formal para intentar cobrar la sentencia en territorio estadounidense.
