La Justicia analiza 645 acreditaciones indebidas realizadas entre 2022 y 2026
Una denuncia presentada por la propia Armada Argentina expuso presuntas irregularidades en la liquidación de haberes por $981 millones. La investigación abarca 645 acreditaciones efectuadas a 23 personas y quedó radicada en la Justicia Federal.
Infórmate en DiarioPampero.com – Entre los investigados aparece un capitán de navío que dirigía el área encargada de las liquidaciones y cuya esposa figura entre las personas que recibieron transferencias cuestionadas.
Un presunto fraude en la Armada Argentina quedó bajo investigación judicial después de que la propia fuerza denunciara irregularidades detectadas en el sistema de liquidación y acreditación de haberes. La presentación cuantificó inicialmente en $981.148.567,88 el monto histórico de las operaciones observadas.
Según la denuncia, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas. Las maniobras investigadas habrían incluido pagos superiores a los que correspondían según las liquidaciones oficiales y transferencias destinadas a personas que no mantenían una relación laboral o funcional con la fuerza.
La presentación penal fue realizada por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal federal Ramiro González.
Cómo funcionaba la maniobra investigada
Uno de los principales señalados en las actuaciones es el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanassof, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista, el sector encargado de las liquidaciones. De acuerdo con la denuncia difundida, inicialmente participó de la investigación interna hasta que entre los beneficiarios apareció su esposa, María del Carmen Prieto.
Según consta en las actuaciones administrativas citadas por distintos medios, Atanassof reconoció haber realizado manualmente operaciones que luego eran modificadas en los registros de la fuerza. La Justicia deberá determinar el alcance de esas manifestaciones, las responsabilidades individuales y si existieron otras personas que participaron de las maniobras denunciadas.
La investigación sostiene que los archivos utilizados para ordenar las transferencias al Banco Nación eran alterados antes de realizar las acreditaciones. Después de concretados los pagos, los registros internos habrían sido modificados nuevamente para que coincidieran con las liquidaciones originales y dificultar así la detección de las diferencias.
Cuatro personas sin vínculo funcional con la Armada habrían recibido en conjunto $434,2 millones. María del Carmen Prieto figura con acreditaciones por aproximadamente $152,2 millones, mientras que Damián Andrés Santana recibió cerca de $99 millones, Analía Cristina Díaz alrededor de $91 millones y Natalia Yahia unos $90 millones, de acuerdo con la información surgida de la denuncia.
En el caso de Prieto, esposa de Atanassof, el monto transferido equivale a más de 100.000 dólares si se consideran las cotizaciones correspondientes a las fechas en las que se realizaron las distintas operaciones. Los cuatro beneficiarios externos concentraron una parte sustancial de las acreditaciones bajo investigación.
El resto de las operaciones cuestionadas alcanzó a integrantes de la Armada y otros beneficiarios. Las actuaciones buscan determinar por qué se realizaron los pagos, quiénes autorizaron o ejecutaron las modificaciones y si parte del dinero acreditado indebidamente fue posteriormente entregado a otras personas. Esas hipótesis deberán ser comprobadas durante la investigación judicial.
Las inconsistencias comenzaron a ser revisadas internamente durante 2026 después de que una oficial contadora detectara diferencias entre las liquidaciones registradas y los importes efectivamente acreditados. A partir de esa revisión se reconstruyeron operaciones que, según la denuncia, se remontaban a julio de 2022.
Hasta la presentación de la denuncia, siete de los beneficiarios habían devuelto aproximadamente $42,5 millones. Descontadas esas restituciones, el monto pendiente vinculado con las operaciones investigadas fue calculado en alrededor de $938,5 millones. La suma definitiva podría modificarse a medida que avance el análisis de la documentación.
El caso también generó medidas internas dentro de la fuerza. Personal alcanzado por la investigación fue apartado preventivamente de determinadas funciones mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales. Estas decisiones no implican por sí mismas una determinación de responsabilidad penal.
El episodio se produjo durante la gestión de Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa. Según publicó Página/12, el ministro habría sido informado sobre la denuncia poco antes de su presentación ante la Justicia, en un contexto de diferencias entre la cartera y sectores de la conducción naval. La existencia y alcance de esas tensiones fueron atribuidos por el medio a fuentes vinculadas con el caso.
La investigación deberá establecer ahora cómo pudieron sostenerse durante varios años las operaciones cuestionadas y qué controles administrativos fallaron para que las diferencias no fueran detectadas antes. También se buscará determinar si Atanassof actuó solo o si existió una estructura más amplia detrás de las acreditaciones irregulares denunciadas.
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