Fuerte debate tras la eliminación de mil servicios del INTI impulsada por Sturzenegger y el Gobierno
La reciente decisión del Gobierno nacional de suprimir aproximadamente mil prestaciones técnicas y de control que realizaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial ha desatado una intensa polémica. Mientras el oficialismo defiende la medida argumentando un ahorro para el Estado al evitar subsidios encubiertos a empresas privadas, trabajadores del organismo y legisladores opositores advierten sobre los graves riesgos para la salud, la industria y la soberanía tecnológica del país.
Infórmate en DiarioPampero.com – La gestión actual dispuso el cese de múltiples tareas de fiscalización del INTI mediante la resolución 42/26. Esta disposición elimina controles en alimentos, materiales y combustibles, afectando regulaciones y exportaciones. Federico Sturzenegger justificó el recorte señalando bajos costos operativos financiados por los contribuyentes. Empleados y la legisladora Julia Strada desmintieron sus datos hoy, remarcando la inmensa falta de ese reemplazo privado actual.
La reciente publicación de la resolución 42/26 consolidó una medida que los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial venían advirtiendo con gran preocupación. El documento, que lleva las firmas del presidente del organismo, Miguel Ángel Romero, junto a Ezequiel Capelli y Juan Pablo Intelisano, formaliza la baja de cerca de mil prestaciones dirigidas al sector privado. Estas tareas abarcaban áreas sumamente delicadas, como el análisis de alimentos y bebidas, la verificación de materiales de construcción y múltiples certificaciones técnicas. Desde las áreas operativas se había emitido un informe alertando sobre el enorme peligro que implica este desmantelamiento, señalando que pone en jaque al menos 700 fuentes laborales y genera un vacío en el control de estándares productivos.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró públicamente la disposición mediante sus redes sociales. En su argumentación, sostuvo que el instituto ofrecía estas labores a valores económicos muy reducidos, lo que según su perspectiva constituía un subsidio hacia los empresarios financiado mediante los impuestos de los ciudadanos. Además, afirmó que muchas de estas herramientas tenían un nivel de demanda prácticamente nulo. Sin embargo, estas declaraciones fueron rápidamente confrontadas por la Multisectorial de Trabajadores de la entidad, quienes aclararon que la baja en la demanda fue provocada de forma deliberada por la actual administración, mediante el aumento desproporcionado de aranceles, el incumplimiento de contratos empresariales y la prohibición de viáticos para paralizar el trabajo de campo de los últimos dos años.
Las recientes medidas del Gobierno Nacional para desarticular los servicios técnicos esenciales del INTI han generado una ola de rechazos. Trabajadores y dirigentes advierten que esta drástica resolución no solo destruye capacidades acumuladas por años, sino que compromete la calidad de nuestras exportaciones, encarece el acceso tecnológico de las PyMEs y vulnera los controles sanitarios actuales.
Uno de los puntos más polémicos de la justificación oficial giró en torno al control de los surtidores de combustibles, un servicio regulado con trazabilidad internacional. El titular de la cartera desreguladora aseguró que aproximadamente el 12 por ciento de la planta del personal se dedicaba a esta tarea, a la cual calificó de escandalosa. La respuesta de los empleados técnicos no tardó en llegar, desmintiendo la cifra de manera rotunda: explicaron que no se trata del 12 por ciento de los trabajadores, sino de doce camionetas asignadas a esa labor, involucrando apenas a 24 empleados sobre un total de 2300, lo que representa una porción ínfima de los recursos humanos de la institución, cercana a un uno por ciento.
A las voces de rechazo se sumó la diputada y economista Julia Strada, quien lanzó duras recriminaciones hacia los argumentos ministeriales. La legisladora remarcó que el instituto estatal no tiene un fin de lucro comercial, sino que su rol es proveer infraestructura tecnológica para que las pequeñas y medianas empresas puedan mantener su nivel competitivo. Strada enfatizó que es falso afirmar que los exámenes suprimidos carecieran de especificidad, poniendo como ejemplo la capacitación en procesos de envasado al vacío para el sector alimenticio, una técnica fundamental para garantizar la conservación adecuada y evitar riesgos para toda la comunidad.
Finalmente, la legisladora detalló una extensa lista de labores insustituibles que dejarán de realizarse, ya que no existe oferta privada a corto plazo. Mencionó la suspensión de las pruebas sobre los bolsones de transporte para litio, un requerimiento indispensable de Gendarmería y Prefectura que ningún otro laboratorio del país puede certificar, hasta el punto de recibir consultas desde Paraguay. Además, advirtió sobre la cancelación de evaluaciones de seguridad en autopartes, la verificación de ausencia de plomo en pinturas, el control de componentes tóxicos en juguetes infantiles, el desarrollo de alimentos aptos para celíacos, la calibración de balanzas para el tonelaje agrícola en el comercio exterior, e incluso la verificación del correcto funcionamiento de equipos médicos vitales como los desfibriladores.
DESCARGAR APLICACIÓN DE LA RADIO EN VIVO
Gracias por estar en Diario Pampero, visítanos para estar informado!
Si necesitas parte de este contenido, no olvides citar la fuente de información. Respetamos a quienes producen contenidos, artículos, fotos, videos. Compartimos información de La Pampa para los pampeanos y te informamos sobre toda la actualidad nacional e internacional destacada.
Si compartes nuestro contenido, nos ayudas a crecer como medio de comunicación!
