Fuerte división en el COFEMA por la reforma de la Ley de Glaciares y el alcance federal de la protección ambiental
El COFEMA debatió la reforma de la Ley de Glaciares y expuso una profunda división entre provincias. Ocho votaron en contra, ocho a favor y cinco se abstuvieron. La Pampa advirtió que los cambios podrían debilitar los presupuestos mínimos ambientales y afectar a las provincias aguas abajo. El eje del debate fue la autonomía provincial y el rol del Estado nacional en la gestión de cuencas.
La Asamblea Extraordinaria del COFEMA expuso una fuerte división entre provincias por la reforma de la Ley de Glaciares. La Pampa cuestionó el proyecto al considerar que podría debilitar los presupuestos mínimos ambientales y afectar a las jurisdicciones aguas abajo. El debate reabrió la discusión sobre autonomía provincial y coordinación federal en la gestión de recursos hídricos.
La 55° Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) reunió a las máximas autoridades ambientales del país para analizar el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, norma que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial en la Argentina.
El encuentro tuvo como eje central el tratamiento de la posible reforma de la Ley 26.639, junto con el informe técnico elaborado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo del organismo. Participaron representantes de 21 jurisdicciones, en una sesión que dejó en evidencia marcadas diferencias políticas y técnicas respecto del alcance y el futuro del régimen de protección de estos ecosistemas.
En representación de La Pampa asistió la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, quien sostuvo una postura crítica frente al proyecto.
Un escenario de paridad y fragmentación
La votación reflejó un mapa dividido. Ocho jurisdicciones rechazaron la reforma: La Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Jujuy, Córdoba, Formosa y Santa Fe. Otras ocho acompañaron la iniciativa: Mendoza, San Juan, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cinco provincias se abstuvieron —Neuquén, Chubut, Misiones, Santiago del Estero y Corrientes— mientras que Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis estuvieron ausentes.
La paridad entre votos afirmativos y negativos, sumada al número de abstenciones, evidenció la ausencia de consensos en torno a una norma que regula bienes ambientales sensibles, entre ellos el agua de origen glaciar.
Desde La Pampa se advirtió que, bajo el argumento de reforzar la autonomía provincial, la reforma podría traducirse en un debilitamiento de los presupuestos mínimos de protección ambiental fijados a nivel nacional. La posición pampeana se apoya en la articulación constitucional entre el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, establecido en el artículo 124, y la facultad del Estado nacional de dictar normas de presupuestos mínimos ambientales, prevista en el artículo 41.
Según la interpretación expuesta, cualquier modificación que fragmente esos estándares comunes podría generar asimetrías regulatorias y promover una competencia entre jurisdicciones. La delegación pampeana planteó que el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares debe preservar el carácter de los presupuestos mínimos, garantizar la gestión integral de cuencas interjurisdiccionales y asegurar que ninguna provincia vea afectado su derecho a un ambiente sano por decisiones adoptadas fuera de su territorio.
La provincia también subrayó su condición de jurisdicción aguas abajo, con dependencia directa de cuencas interprovinciales como las de los ríos Colorado y Atuel. En ese marco, sostuvo que las decisiones tomadas en territorios ubicados aguas arriba tienen impacto directo sobre su disponibilidad hídrica, su producción y su desarrollo social.
El documento presentado alertó que una eventual fragmentación en la evaluación de impacto ambiental y la falta de mecanismos federales sólidos de coordinación podrían profundizar conflictos interprovinciales y debilitar la gestión integral de cuencas. Desde esta perspectiva, la existencia de reglas comunes garantizadas por el Estado nacional resulta determinante para equilibrar las relaciones entre provincias con diferentes posiciones geográficas dentro de una misma cuenca.
Más allá del resultado formal de la votación, la Asamblea del COFEMA puso en discusión el modelo de gobernanza ambiental en la Argentina. La tensión entre autonomía provincial y estándares nacionales no es nueva, pero en el caso de los glaciares —reservas de agua dulce y reguladores de sistemas hídricos— adquiere una dimensión estructural.
Para La Pampa, la protección de estos ecosistemas exige una visión federal cooperativa, con normas homogéneas y un rol activo del Estado nacional en la articulación de políticas públicas. En un contexto de variabilidad climática creciente y presión sobre los recursos hídricos, el debate sobre la Ley de Glaciares excede la reforma normativa: involucra la definición de cómo se distribuyen responsabilidades, riesgos y beneficios en el territorio argentino.
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