La Justicia analiza si hubo irregularidades en su salida hacia Estados Unidos
La investigación preliminar por el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina quedó bajo análisis de la Justicia federal, tras una denuncia contra Javier Milei y funcionarios por supuesto encubrimiento, abuso de autoridad y violación de deberes públicos.
Infórmate en DiarioPampero.com – La Fiscalía de Puerto Iguazú no detectó irregularidades migratorias, mientras Comodoro Py reúne información antes de decidir si impulsa una causa formal.
El Gobierno confía en que la denuncia por la fuga de Flávio Bolsonaro no avance en los tribunales de Comodoro Py. La presentación fue realizada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y apunta contra el Presidente y funcionarios nacionales por presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Por el momento, no existe una investigación formal. La fiscal federal Paloma Ochoa le sugirió a la jueza María Eugenia Capuchetti que ordene medidas preliminares para determinar si corresponde abrir una pesquisa más amplia sobre la eventual responsabilidad de autoridades argentinas.
Según informó la Cancillería argentina, Bolsonaro ingresó al país por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, y luego se trasladó al aeropuerto de Iguazú, donde abordó un vuelo privado de Baires Fly con destino a Estados Unidos.
La denuncia y las medidas pendientes
Las presentaciones judiciales incorporaron sospechas difundidas públicamente sobre una posible cooperación política del Gobierno y una eventual participación operativa de funcionarios. Entre los mencionados aparecen el asesor Santiago Caputo, el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.
El diputado nacional Esteban Paulón también amplió una denuncia en Comodoro Py. En ese escrito señaló al titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a integrantes del Ente Binacional Yacyretá por una posible intervención en el traslado, aunque esas acusaciones deberán ser evaluadas dentro de la investigación preliminar.
Entre las medidas solicitadas figura un exhorto al Gobierno para preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú correspondientes a los días 27 y 28 de octubre. También se requirieron informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles realizados al avión de Baires Fly y a sus pasajeros.
La Justicia busca establecer además si las autoridades argentinas recibieron algún aviso o exhorto relacionado con la situación judicial de Bolsonaro y con la prohibición de salida de Brasil dispuesta por el juez Alexandre de Moraes. Ese dato podría ser determinante para analizar un eventual incumplimiento de funciones.
Desde el Gobierno sostienen que no hubo irregularidades porque Bolsonaro no tenía un impedimento de ingreso vigente en la Argentina. Migraciones comunicó que no existía “ningún impedimento legal” y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ratificó esa posición.
En Brasil, la Policía Federal informó que no tenía registros de la salida de Bolsonaro y su familia, pese a que el juez De Moraes había dispuesto una alerta migratoria en el sistema utilizado para controlar los desplazamientos internacionales.
Las autoridades brasileñas aclararon que las restricciones vinculadas con los documentos de viaje no convierten por sí solas a una persona en fugitiva ni habilitan un arresto, una vigilancia permanente u otras medidas cautelares. Esa explicación se vincula con la ausencia de alertas o impedimentos detectada por Migraciones argentina.
La Fiscalía Federal de Puerto Iguazú realizó una investigación preliminar sobre el ingreso y concluyó que no hubo irregularidades en el procedimiento migratorio. Esa evaluación fue respaldada por la Fiscalía de Revisión, uno de los argumentos que sostiene la expectativa oficial de que la denuncia no avance.
Una vez reunida la información solicitada, la jueza Capuchetti deberá remitirla a la fiscal Ochoa. La representante del Ministerio Público podrá impulsar nuevas medidas y promover una investigación formal o solicitar la desestimación de la denuncia si considera que no existen elementos suficientes.
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