Gobierno desguaza programas clave para la infancia en Argentina


En un movimiento que genera profunda preocupación, el gobierno de Javier Milei ha desarticulado diversos programas destinados a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Mientras organismos como UNICEF advierten sobre el aumento de la pobreza infantil, la administración liberal ha decidido recortar prestaciones clave en materia de asistencia, acompañamiento y protección a las infancias.


La motosierra del ajuste ha alcanzado a la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hoy rebajada a una Subsecretaría. Cientos de trabajadores fueron despedidos, paralizando áreas específicas destinadas a programas como becas, construcción de centros de primera infancia, prevención del embarazo adolescente, capacitaciones contra la violencia infantil y asistencia económica directa.

Según un informe presentado por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes ante la Cámara de Diputados, se han interrumpido pagos cruciales, como el Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE), que brinda un subsidio mensual a 2.489 adolescentes que abandonan hogares de tránsito. Asimismo, más de 2.000 Centros de Desarrollo Infantil en sectores populares dejaron de recibir becas, y se paralizaron más de 500 obras de refacción y la construcción de nuevos centros.

La aplicación de leyes como la «Ley Lucio» y la «Ley Brisa», destinadas a capacitar agentes y brindar reparación económica a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, también se ha visto interrumpida. Además, se han suspendido los apoyos económicos y técnicos a provincias, municipios y ONG, así como las capacitaciones a referentes de acompañamiento.

Frente a este panorama, UNICEF ha advertido sobre el riesgo de una «crisis profunda» en materia de pobreza infantil. Según estimaciones de la organización, la pobreza total entre niños y niñas podría ascender al 71%, mientras que la indigencia alcanzaría el 34%, lo que implicaría que 8,8 millones de chicos y chicas serían pobres y 4,3 millones, indigentes.

Si bien desde el Ministerio de Capital Humano destacan el incremento en las asignaciones monetarias, desde la Defensoría advierten que estas medidas resultan insuficientes si no van acompañadas de políticas integrales de acompañamiento y asistencia. «No sirve solamente aumentar las percepciones si por otro lado quitás el acompañamiento en salud, crianza, en los Centros de Desarrollo Infantil o si cortás las obras para espacios de cuidado», señalaron.

La comunidad internacional también ha expresado su preocupación. UNICEF ha alertado sobre la reducción en términos reales del presupuesto nacional y la discrecionalidad que implica la prórroga del ejercicio 2023, lo que podría implicar una caída del 75% en los fondos destinados a la niñez y la adolescencia, incumpliendo la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ante esta situación crítica, organizaciones de derechos humanos y defensores de la niñez reclaman al gobierno de Milei revertir los recortes y restablecer las políticas públicas destinadas a garantizar el bienestar integral de las infancias en Argentina.

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