Gobierno presiona a Aerolíneas Argentinas con la privatización en medio de los paros
El Gobierno califica de «extorsivas» las medidas gremiales mientras amenaza con privatizar la aerolínea estatal, generando una situación de tensión entre los trabajadores y el Ejecutivo. El vocero Manuel Adorni destacó el despido como herramienta empresarial, desafiando derechos sindicales constitucionales.
El Gobierno ha lanzado una nueva advertencia en medio del conflicto laboral que afecta a Aerolíneas Argentinas. A raíz de las continuas huelgas organizadas por los gremios de pilotos, el secretario de Comunicación, Manuel Adorni, reveló que se están considerando alternativas para privatizar la aerolínea, con negociaciones en curso con empresas privadas de la región. Según Adorni, la decisión se tomaría si las protestas sindicales continúan paralizando el servicio, afectando a miles de usuarios.
La contradicción gubernamental y la amenaza de privatización
Adorni, elevado recientemente a un cargo ministerial, enfatizó en una conferencia de prensa que «en una empresa privada, si un trabajador realiza un paro, lo despiden». Esta declaración, que intenta justificar la privatización como solución a los conflictos laborales, resalta un punto controversial: el elogio a una práctica ilegal como sería prohibir o reprimir los paros, algo que está protegido por la Constitución Nacional. Mientras el Gobierno acusa a los gremios de «extorsión» por las huelgas, busca imponer la amenaza de privatización como herramienta de presión contra los trabajadores.
El vocero también destacó lo que calificó como «privilegios» de los pilotos, mencionando sueldos que oscilan entre 3 y 20 millones de pesos, viajes gratuitos para ellos y sus familiares en clase ejecutiva, y la posibilidad de remover a pasajeros que pagaron sus boletos para asegurar el espacio de los empleados. Estas declaraciones parecen buscar dividir la opinión pública, presentando las reivindicaciones laborales como excesos y justificación para avanzar hacia una privatización.
La situación sigue escalando, y mientras el gobierno de Javier Milei considera la privatización como una vía para resolver el conflicto, los gremios, liderados por Pablo Biró, ya anticiparon que intensificarán las medidas de fuerza y recurrirán a la Justicia para frenar los avances del Ejecutivo.
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