El Gobierno suspendió la desregulación del practicaje tras el paro que paralizó los puertos
El Ejecutivo suspendió la reforma del servicio de practicaje luego de que el conflicto con los profesionales frenara operaciones portuarias y demorara exportaciones. El Decreto 716/2026 restituyó de manera provisoria las reglas anteriores, ordenó asegurar la continuidad de la actividad y abrió una negociación con organismos públicos y representantes del sector para elaborar una nueva reglamentación.
Infórmate en DiarioPampero.com – El Gobierno suspendió la desregulación del servicio de practicaje después de que el rechazo de los profesionales paralizara puertos, demorara exportaciones y dejara embarcaciones sin poder operar. El Decreto 716/2026 restituyó temporalmente la normativa anterior, ordenó garantizar la continuidad de las tareas y creó una mesa con funcionarios, organismos marítimos y representantes del sector para acordar un nuevo régimen de funcionamiento.
La decisión oficial frenó la aplicación del régimen aprobado a fines de julio, que buscaba ampliar la competencia, facilitar la incorporación de prestadores y modificar distintas condiciones operativas. La reacción del sector derivó en una interrupción del servicio que afectó el ingreso, la salida y el desplazamiento de buques por puertos, ríos, canales y pasos navegables del país.
El Gobierno nacional formalizó la suspensión de la reforma del practicaje mediante el Decreto 716/2026. La norma fue firmada por el presidente Javier Milei y publicada este jueves en el Boletín Oficial, después de varios días de tensión por la interrupción de tareas en las principales terminales portuarias argentinas.
La medida dejó en suspenso los efectos del Decreto 690/2026, aprobado el 30 de julio. Esa disposición había reemplazado el régimen que regulaba el practicaje y el pilotaje en aguas nacionales, con cambios destinados a reducir restricciones, ampliar la oferta de profesionales y modificar las condiciones de contratación del servicio.
Según la posición oficial, la normativa anterior contenía exigencias consideradas desactualizadas y limitaba la incorporación de nuevos prestadores. Por ese motivo, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado promovió una reforma que también contemplaba nuevas reglas tarifarias y modificaciones en las condiciones operativas.
Sin embargo, la entrada en vigencia del decreto generó un fuerte rechazo entre prácticos, pilotos y baqueanos. Numerosos profesionales dejaron de aceptar nuevos servicios, lo que interrumpió maniobras necesarias para la navegación comercial y afectó la actividad en diferentes puntos del sistema portuario.
El practicaje consiste en la asistencia especializada que recibe el capitán de un buque para navegar en zonas que requieren conocimiento local. Los profesionales intervienen durante el ingreso y la salida de los puertos, así como en recorridos por ríos, canales, pasos angostos y otras áreas bajo jurisdicción argentina.
La tarea se encuentra regulada por la Ley de Navegación 20.094. Esa legislación establece que el practicaje en aguas jurisdiccionales nacionales constituye un servicio público controlado por la autoridad marítima. Además, determina que la reglamentación debe definir la forma de prestación y las tarifas aplicables.
La suspensión de las tareas provocó demoras en el movimiento de cargas y dejó a numerosas embarcaciones a la espera de asistencia. Las consecuencias alcanzaron a buques que necesitaban ingresar a las terminales, zarpar con mercadería o continuar su navegación por corredores utilizados para el comercio exterior.
Durante el conflicto se informó que cerca de 200 embarcaciones quedaron detenidas o condicionadas por la falta de servicio. Los costos atribuidos a la inmovilización de cada buque fueron estimados en hasta 100.000 dólares diarios, aunque el impacto total dependía del tipo de nave, la carga y el tiempo de demora.
Las dificultades también alcanzaron a exportadores, operadores logísticos, terminales privadas y empresas navieras. La interrupción de las maniobras impidió mantener el ritmo habitual de embarques y generó preocupación por el cumplimiento de contratos, la acumulación de mercadería y los costos adicionales derivados de las esperas.
El acuerdo restableció el servicio y abrió una revisión integral de las normas
Ante la extensión del conflicto, la Prefectura Naval Argentina intimó a más de 500 profesionales para que retomaran sus funciones. El organismo advirtió que el servicio debía prestarse de acuerdo con las obligaciones vigentes y señaló la posibilidad de aplicar sanciones ante el incumplimiento.
Mientras aumentaban las demoras, representantes del Gobierno mantuvieron reuniones con referentes de la actividad. Las conversaciones permitieron alcanzar un entendimiento que incluyó el restablecimiento inmediato de las tareas y la suspensión del régimen cuestionado mientras se analiza una reglamentación alternativa.
El acuerdo también contempló una reducción del 20% en las tarifas vigentes. Esa rebaja fue presentada como una respuesta destinada a disminuir los costos de las operaciones sin aplicar de forma inmediata el esquema de desregulación que había generado la resistencia de los prestadores.
El Decreto 716/2026 restituyó, durante el período de suspensión, las disposiciones que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por el Decreto 690/2026. De esta manera, el servicio volverá a funcionar bajo el marco previo hasta que exista una nueva definición regulatoria.
La norma también ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del practicaje y el pilotaje. El objetivo declarado es atender la situación que originó la intervención del Ejecutivo y evitar otra interrupción que vuelva a comprometer el funcionamiento de los puertos.
Además, el Gobierno dispuso la creación de una mesa de trabajo dentro del Ministerio de Seguridad Nacional. Ese ámbito reunirá a funcionarios de la cartera, autoridades de la Prefectura Naval Argentina, integrantes de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y representantes de los profesionales involucrados.
La mesa tendrá la responsabilidad de revisar las condiciones del servicio y avanzar hacia una nueva reglamentación. Para ello deberá considerar los costos de las operaciones, la disponibilidad de prestadores, las exigencias profesionales y las medidas necesarias para preservar la seguridad de la navegación.
El debate enfrenta dos posiciones que deberán encontrar un punto de acuerdo. Por un lado, el Ejecutivo sostiene que la regulación debe facilitar una mayor competencia y reducir gastos que afectan a la logística. Por otro, los profesionales advierten que los cambios no pueden disminuir los controles vinculados con maniobras complejas.
Los prácticos afirman que su conocimiento de cada zona permite anticipar corrientes, profundidades, condiciones meteorológicas, tránsito de embarcaciones y características de los canales. Desde esa perspectiva, una apertura sin requisitos suficientes podría aumentar los riesgos para los buques, las tripulaciones, las cargas y el ambiente.
El Gobierno, en cambio, considera necesario revisar barreras de ingreso y mecanismos que limitan la oferta. La reforma suspendida proponía un registro abierto de profesionales habilitados, nuevas condiciones de contratación y mayor difusión de las tarifas cobradas por las empresas prestadoras.
La continuidad del diálogo será determinante para evitar que la discusión vuelva a trasladarse a la operatoria cotidiana. El sistema portuario concentra buena parte del intercambio comercial argentino y cualquier interrupción prolongada repercute sobre las exportaciones, las importaciones y el abastecimiento de distintos sectores productivos.
Con la suspensión ya formalizada, las autoridades buscarán normalizar el movimiento de buques y recuperar el ritmo de las terminales afectadas. Al mismo tiempo, deberán redactar un régimen que combine menores costos, reglas claras, disponibilidad del servicio y condiciones adecuadas de seguridad.
La decisión no elimina la intención oficial de modificar la actividad, pero aplaza su aplicación y traslada la discusión a una instancia intersectorial. Hasta que ese proceso concluya, permanecerá vigente el sistema anterior y los organismos competentes deberán asegurar que las prestaciones se desarrollen sin nuevas interrupciones.
El resultado de la negociación definirá cómo se organizará en adelante una tarea indispensable para la navegación comercial. También mostrará si el Ejecutivo y los profesionales pueden acordar una regulación capaz de reducir costos sin debilitar los controles técnicos exigidos en los puertos y las vías navegables del país.
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