El RIGI amplió el beneficio para grandes empresas mientras cierran miles de pymes
Las 500 empresas más grandes de la Argentina pagaron en 2024 unos 21.470 millones de dólares en impuestos, un 28% menos que en 2012, según un análisis del IPPyP basado en datos del Indec. La baja coincide con mayores beneficios fiscales y con la implementación del RIGI, mientras 31.268 pymes dejaron de existir durante la era Milei, de acuerdo con el CEPA.
Infórmate en DiarioPampero.com – El esquema tributario volvió a quedar bajo análisis por el menor aporte de las grandes compañías, los incentivos para inversiones de escala y la presión creciente sobre trabajadores y pequeñas empresas.
Las 500 empresas más grandes del país pagan un 28% menos de impuestos que una década atrás, según un cálculo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) elaborado a partir de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE) del Indec.
El relevamiento indica que ese grupo abonó aproximadamente 21.470 millones de dólares en impuestos durante 2024. En 2012, el mismo universo de compañías había pagado 29.709 millones de dólares por ese concepto.
La reducción se vincula, según el análisis, con la consolidación de beneficios fiscales y con estructuras legales que permiten a algunas compañías tributar en otros países con regímenes de menor carga. El proceso se profundizó con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Un esquema bajo análisis
El RIGI es una herramienta impulsada por el gobierno de Javier Milei para atraer proyectos de gran escala. El régimen alcanza inversiones superiores a 200 millones de dólares en sectores considerados estratégicos y contempla una serie de ventajas para las empresas adheridas.
Entre los beneficios previstos figuran una reducción del impuesto a las Ganancias, la libre disponibilidad de divisas, la amortización acelerada, la eximición de derechos vinculados al comercio exterior y estabilidad normativa durante 30 años.
De acuerdo con el texto analizado, estos incentivos contrastan con la situación de empresas orientadas al mercado interno, que enfrentan una menor demanda y la apertura comercial. En ese contexto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que 31.268 pymes desaparecieron durante la era Milei.
Las 500 compañías relevadas por el Indec representan una parte significativa de la economía nacional. Según el IPPyP, generan el 23,9% del Valor Bruto de Producción y sostienen unos 813 mil puestos de trabajo.
El conjunto incluye empresas de minería, industria manufacturera, servicios públicos, construcción, comercio, transporte y comunicaciones. Por su peso económico, sus aportes tributarios tienen impacto directo en los recursos disponibles para el funcionamiento del Estado.
El análisis también vinculó la discusión con otras medidas aplicadas durante la actual gestión, como las rebajas en Bienes Personales y las facilidades para contribuyentes incorporadas mediante las leyes de Inocencia Fiscal. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional reclama una reducción de subsidios y una reforma previsional.
Un documento reciente de la fundación Fundar señaló que la estructura tributaria argentina depende en gran medida de impuestos indirectos, como el IVA y los ingresos brutos, mientras que los tributos sobre ingresos y patrimonio tienen un peso menor.
Para el IPPyP, esa composición genera una transferencia creciente del esfuerzo fiscal hacia trabajadores y personas con ingresos fijos, debido a la menor participación relativa de las grandes empresas en el financiamiento tributario.
El costo del RIGI también fue estimado por la consultora EcoGo. Según ese estudio, los 23 proyectos aprobados hasta el momento implican un gasto tributario de 8.493 millones de dólares a valor presente.
La misma evaluación calculó que el Estado obtendría pagos por 17.499 millones de dólares a cambio de esos incentivos. El debate se concentra en determinar si las inversiones se concretarían sin los beneficios fiscales y cuál sería el impacto final sobre la recaudación y la actividad.
El estudio de Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi planteó que el desafío consiste en ampliar el efecto de los proyectos sobre proveedores, empleo, infraestructura y actividad económica.
Los economistas también advirtieron sobre las empresas que quedan fuera del RIGI y deben competir bajo las reglas generales, en una economía más abierta y con costos en dólares en aumento. Según el planteo, algunas podrían quedar fuera del proceso antes de que se igualen las condiciones.
El contraste entre los beneficios para las grandes inversiones y las dificultades de las pymes reabrió la discusión sobre la equidad del sistema tributario argentino, así como sobre la distribución de los costos y beneficios de la política económica.
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