La investigación analiza su participación en la ordenanza que autorizó la transferencia


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La Justicia de Neuquén formuló cargos contra la concejal Mónica Beatriz Barrera por su presunta intervención en la adjudicación de un lote fiscal en San Patricio del Chañar. La investigación durará cuatro meses y también alcanzó a la viceintendenta, aunque esa imputación fue rechazada.

Infórmate en DiarioPampero.com – El expediente judicial cuestiona el trámite legislativo que permitió transferir el terreno y pone bajo análisis el cumplimiento de las mayorías y controles previstos por la normativa municipal.

La Justicia de Neuquén dio por formulados los cargos contra la concejal de San Patricio del Chañar, Mónica Beatriz Barrera, por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La acusación está vinculada con su participación en una ordenanza que autorizó la transferencia de un lote fiscal a su favor.

El juez de garantías Luciano Hermosilla resolvió abrir una investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses, luego de escuchar al fiscal Juan Narvaez, al asistente letrado Facundo Bernat y a la querella de la Fiscalía de Estado.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, Barrera habría intervenido en distintas etapas del expediente municipal relacionado con el Lote 10 de la Chacra 28, ubicado en Picada 9. La Fiscalía sostiene que integró la comisión que trató la iniciativa, defendió el proyecto en el recinto y votó a favor de su aprobación.

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El trámite bajo análisis

De acuerdo con la teoría del caso expuesta durante la audiencia, el 25 de noviembre de 2024 Barrera solicitó al Poder Ejecutivo municipal que dejara sin efecto una ordenanza de 1996. El pedido habría tenido como objetivo avanzar con la venta del terreno fiscal.

El expediente ingresó luego al Concejo Deliberante. El 24 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Institucionales emitió un despacho favorable. Para la Fiscalía, la concejal participó de ese trámite y el expediente no contaba previamente con un dictamen jurídico formal.

Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N.° 13, Barrera fundamentó la propuesta y acompañó con su voto la adjudicación. La ordenanza fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra.

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La decisión quedó plasmada, según el MPF neuquino, en la Ordenanza N.° 1497/25. La norma habilitó el cambio de titularidad del inmueble y fue firmada por la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marta Verónica González.

La Fiscalía también había pedido formular cargos contra González por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, el juez Hermosilla rechazó esa imputación en esta etapa al considerar que existen dudas sobre la presencia de dolo en la conducta atribuida.

La acusación sostuvo que la ordenanza no habría respetado exigencias de la Carta Orgánica Municipal. Entre ellas, mencionó la necesidad de contar con una mayoría de dos tercios del Concejo Deliberante, equivalente a cinco votos, además de una licitación pública o un remate para la venta de inmuebles municipales.

El Ministerio Público Fiscal también señaló que el dictamen jurídico escrito fue incorporado al expediente minutos después del cierre de la sesión en la que se aprobó la transferencia. Con la apertura formal de la investigación, la acusación podrá profundizar las medidas durante los próximos cuatro meses.

La imputación no implica una condena y el caso continuará en etapa de investigación penal preparatoria. La calificación atribuida a Barrera corresponde a los artículos 265 y 45 del Código Penal, en carácter de autora, según lo expuesto por la Fiscalía.

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