Imputan a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y piden investigar su patrimonio en un country
La justicia federal ha decidido imputar al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la sospecha de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. El foco de la investigación se centra en una aparente omisión dentro de su declaración jurada patrimonial vinculada a una propiedad en el exclusivo Country Indio Cuá Golf Club. El fiscal a cargo ha solicitado una extensa lista de medidas probatorias para analizar sus bienes, cuentas y los de su esposa, buscando esclarecer su estado.
Infórmate en DiarioPampero.com – El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una severa situación judicial al ser imputado por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación del fiscal Gerardo Pollicita se centra en presuntas inconsistencias entre su patrimonio declarado en la Oficina Anticorrupción y la titularidad de un inmueble en un barrio privado bonaerense. Para aclarar los temas, se ordenaron medidas probatorias y cruces de datos financieros que guiarán el expediente de esta causa.
La justicia federal busca determinar si existen irregularidades patrimoniales no declaradas por el funcionario en el barrio privado Indio Cuá Golf Club. A partir de una serie de oficios y pedidos de información dirigidos a registros de la propiedad y otros organismos estatales, los investigadores pretenden trazar el mapa de bienes para establecer si los ingresos declarados justifican sus activos.
El avance del expediente judicial pone en el centro de la escena a Manuel Adorni, tras confirmarse su imputación bajo la figura de presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita dio curso a la investigación al detectar posibles discordancias en la documentación patrimonial entregada a la Oficina Anticorrupción. Según trascendió, el funcionario había declarado la titularidad de dos propiedades, pero no incluyó ningún bien asociado al Country Indio Cuá Golf Club, ubicado en la provincia de Buenos Aires, lo cual despertó las sospechas del ministerio público.
Los primeros relevamientos inmobiliarios sobre dicho emprendimiento privado muestran un mercado de alto valor adquisitivo. Las estimaciones de las casas a la venta en el lugar arrojan un costo promedio que ronda los 149.875 dólares, con un rango de precios que oscila entre los 129.000 y los 249.000 dólares, de acuerdo a la superficie del lote y su ubicación específica. Además del valor de la propiedad, la normativa del barrio cerrado estipula una cuota de ingreso cercana a los 5.000.000 de pesos, sumado al pago de expensas mensuales que habilitan a los residentes al uso de las instalaciones deportivas.
El escrutinio sobre los registros públicos y la ruta de los fondos
Con la intención de reconstruir con exactitud la evolución patrimonial, Pollicita requirió una docena de medidas de prueba. Entre las solicitudes principales, se pidió un informe pormenorizado al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense para conocer el estado de dominio, gravámenes, restricciones y partidas catastrales correspondientes al lote 380 del mencionado country, o cualquier otra unidad vinculada a Adorni o a su esposa, Bettina Julieta Angeletti. Del mismo modo, se reclamó al registro porteño que detalle la totalidad de los inmuebles a nombre de ambos, con sus porcentajes y fechas de compra.
Las diligencias exigidas también apuntan a la administración del barrio para determinar quién se hace cargo del abono de las expensas, y al municipio local para confirmar la existencia de permisos de construcción en el terreno. Por otra parte, la fiscalía pidió registros migratorios, antecedentes laborales, datos sobre operaciones financieras e información acerca de unos supuestos préstamos familiares aludidos en la denuncia original. Para cotejar toda esta documentación, se solicitó a la Oficina Anticorrupción las copias certificadas de las declaraciones juradas integrales de los últimos cuatro ejercicios.
El futuro de estas medidas probatorias recae ahora en el despacho del juez federal Ariel Lijo, quien tiene la potestad de autorizar el requerimiento del Ministerio Público o de delegar por completo la dirección de la pesquisa en el propio Pollicita. El objetivo primordial de los investigadores será cruzar el volumen de ingresos formales del matrimonio con las adquisiciones detectadas, buscando comprobar fehacientemente si existe una correlación lícita o si se confirman las inconsistencias señaladas al inicio del caso.
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