INSÓLITO: Marijuan acusa al Gobierno de Fernández de excederse en otorgamiento de pensiones a personas con discapacidad
Las aristas del ajuste, necesidad de achicar deudas y recortar lo que se considera “gastos” por parte del gobierno libertario, parece tener clara concordancia con el sistema judicial. En este caso se trata del fiscal Guillermo Marijuán acusa a Fernández y ex funcionarios de flexibilizar el proceso de otorgamiento de pensiones por invalidez entre 2020 y 2023, incrementando significativamente los beneficios.
El cuestionamiento judicial se basa en que beneficios que “antes” tardaban años en ser otorgados fueron facilitados para las personas con discapacidad. Además, de acuerdo a lo que publican algunos medios porteños, sin documentación que fundamente la acusación, Marijuan califica de desproporcionada la asignación de “pensiones por invalidez” (lamentablemente así denominadas) durante el mandato de Fernández, entre el año 2020 y 2023.
Con igual criterio, en el que la carencia de fundamentos explícitos que puedan ser probatorios de la acusación, asegura que se “facilitó favores políticos a intendentes y gobernadores”. Además de Fernández, están denunciados Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gastón Galarraga, ex Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, y Paula Martínez, ex Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas.
Marijuán señala que hubo un “plan sistemático” para permitir la entrega masiva e irregular de pensiones, con un incremento de más del 1500% en los beneficios otorgados. De 79,581 casos en 2003, se llegó a 1,222,882 en 2023.
Y cuatro años después, la justicia descubre la Resolución 8/2020: El origen de la acusación
Una medida elogiada en su momento hoy es parte de un escenario de supuesta corrupción de acuerdo a la particular mirada de este fiscal. En forma previa a esta, por citar un ejemplo, una persona con ceguera, no podía iniciar un trámite para ser beneficiario de una pensión hasta tanto tal afirmación fuera avalada por un profesional. A partir del 2020 esto dejó de ser necesario porque, en todos los casos, se debía pasar una largo trámite burocrático y de auditoría en el que el aval inicial de un profesional, claramente carecía de sentido.
Además del criterio antes mencionado, también se quitó cualquier limitante vinculada con la posesión de inmuebles y solo quedó en vigencia que el solicitante no debía tener un auto con menos de diez años de antigüedad. Igualmente, la posesión de inmuebles, si bien no impedía iniciar el trámite o solicitud, se mantuvieron vigentes todos criterios restrictivos que pudieran probar que la persona solicitante no pertenecía a un grupo poblacional vulnerable.
Dicho de otra forma, que una persona con discapacidad sea propietaria de un inmueble suntuoso, permite iniciar el trámite aunque no necesariamente implica que le sea otorgado el beneficio.
Esta novedad de la acusación del Fiscal Marijuan, se suma a la baja de cerca de un millón de solicitudes que fueron rechazadas y fueron noticia días atrás.
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