Virginia Aparicio, investigadora del INTA, fue sumariada tras estudiar agrotóxicos en Argentina
La investigadora del INTA Virginia Aparicio enfrenta un sumario que podría derivar en su exoneración e inhabilitación permanente para trabajar en el Estado, luego de coordinar un estudio internacional sobre plaguicidas en personas, animales y ambientes rurales argentinos.
Infórmate en DiarioPampero.com – Organizaciones científicas, gremiales y ambientalistas cuestionan la medida y denuncian un posible silenciamiento de la investigación pública.
La investigadora del INTA Virginia Aparicio enfrenta un sumario administrativo que podría terminar en la máxima sanción disciplinaria del empleo público nacional: la exoneración. La medida también implicaría su inhabilitación permanente para prestar servicios en el Estado.
Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet. Durante más de veinte años trabajó de manera ininterrumpida en la Estación Experimental Balcarce y coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, dedicado a analizar la presencia de plaguicidas en personas, animales y ambientes rurales.
Según los resultados difundidos parcialmente, los participantes argentinos presentaron concentraciones de sustancias plaguicidas en sangre, orina y materia fecal. Organizaciones científicas, gremiales y ambientalistas vincularon el proceso contra la investigadora con una serie de decisiones que afectaron la continuidad y difusión del proyecto.
El conflicto por el proyecto SPRINT
Durante 2021, más de 70 voluntarios argentinos participaron del muestreo biológico humano. El estudio incluyó muestras de sangre, orina, materia fecal e hisopados nasales, con el objetivo de relevar la exposición a distintos plaguicidas y comparar los resultados con los obtenidos en Europa.
La presentación de los resultados en Argentina estaba prevista para el 21 de junio de 2023, pero el encuentro virtual fue suspendido una semana antes por orden del entonces director nacional del INTA, Carlos Parera, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.
El 27 de septiembre de ese año, durante la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se expusieron desde Nueva York parte de los resultados. En el grupo argentino se detectó un rango de dos a diez plaguicidas en sangre, de seis a 13 en orina y de cero a 18 sustancias en materia fecal.
El 7 de diciembre de 2023, tres días antes de la asunción presidencial de Javier Milei, el entonces presidente del INTA, Mariano Garmendia, firmó la Resolución 1081/2023, que puso fin a la participación argentina en el proyecto SPRINT. Según la reconstrucción difundida, la decisión se produjo luego de presiones de la Mesa de Enlace.
En febrero de 2025, las autoridades del organismo comunicaron a Aparicio que tenía un sumario abierto con al menos ocho imputaciones. Entre ellas figuran el supuesto ocultamiento de información a superiores y un presunto perjuicio económico y material al Estado nacional.
Mario Bolla, abogado de la investigadora, rechazó esas acusaciones. Según explicó, Aparicio informó las acciones del proyecto a su jefe directo y el INTA no aportó fondos para el trabajo, ya que las partidas provinieron de Europa y fueron rendidas.
El abogado también relacionó el caso con el Acuerdo de Escazú, vigente en Argentina desde 2021. De acuerdo con su planteo, el Estado debe garantizar la participación y la información ambiental, mientras que la sanción contra Aparicio podría afectar la protección de quienes producen conocimiento sobre riesgos ambientales.
La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria difundió un comunicado en respaldo de la investigadora. APINTA sostuvo que la ciencia debe desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional, y recordó tanto la suspensión de la presentación como la salida del país del proyecto.
“No hay INTA fuerte si se silencia a quienes producen conocimiento”, expresó el gremio. En paralelo, instituciones y referentes de la ciencia y el ambiente promovieron un pronunciamiento público en solidaridad con Aparicio y cuestionaron el avance del proceso administrativo.
Rafael Colombo, de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, afirmó que la persecución denunciada forma parte de acciones del Gobierno contra investigaciones vinculadas con la salud de las poblaciones y sin conflictos de intereses. También cuestionó el impacto de las políticas oficiales sobre el sistema científico público.
Aparicio continúa asistiendo a su trabajo en la Estación Experimental Balcarce, aunque describió un creciente distanciamiento con parte de sus colegas. La investigadora sostuvo que recibió propuestas laborales del exterior, pero manifestó su intención de seguir desarrollando su actividad en el país donde se formó.
“Yo soy un producto de la ciencia pública”, afirmó Aparicio. Según expresó, una eventual exoneración no representaría solamente la pérdida de un empleo, sino también un golpe a la identidad construida durante más de dos décadas de trabajo científico en el Estado.
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