La demolición israelí dejó sin vivienda a 70 palestinos en Jerusalén Este
Un operativo del ejército y la Policía de Israel demolió un edificio residencial de cinco plantas en el barrio palestino de Al Tur, Jerusalén Este, donde vivían 70 personas, en su mayoría mujeres y niños. La Gobernación de Jerusalén denunció abusos durante el procedimiento y cuestionó la política de permisos.
Infórmate en DiarioPampero.com – El inmueble tenía diez departamentos y sus residentes mantenían desde 2022 una disputa legal con las autoridades israelíes, según la Gobernación de Jerusalén.
El ejército y la Policía de Israel encabezaron este martes un operativo para demoler un edificio residencial de cinco plantas en el barrio de Al Tur, ubicado en Jerusalén Este ocupada. En el inmueble vivían 70 residentes palestinos, principalmente mujeres y niños, de acuerdo con un comunicado de la Gobernación de Jerusalén.
La estructura, situada en una zona de mayoría palestina del Monte de los Olivos, contaba con diez apartamentos. La Gobernación afirmó que las fuerzas israelíes ingresaron por la fuerza, agredieron a residentes y no les permitieron recuperar sus pertenencias antes de la demolición.
El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, presenció el operativo y luego publicó mensajes en redes sociales en los que defendió la medida. Según el funcionario, se trataba de un edificio construido en violación de la ley y que volvió a pertenecer al Estado de Israel.
Disputa por los permisos
La Gobernación de Jerusalén indicó que los habitantes del edificio derribado litigaban contra las autoridades israelíes desde 2022. Durante ese período, según la entidad, habían pagado decenas de miles de dólares en multas y sanciones mientras intentaban obtener un permiso de construcción.
La misma institución sostuvo que las autoridades israelíes rechazaron conceder la licencia. También informó que contabilizó 427 órdenes de demolición en Jerusalén Este durante el año, aunque el comunicado no precisó cuántas de ellas fueron ejecutadas.
La Gobernación acusó a Israel de aplicar una estrategia destinada a modificar la composición demográfica de Jerusalén Este. En su comunicado, afirmó que la política de licencias debía considerarse inválida por tratarse de un territorio ocupado, según su interpretación del derecho internacional.
La entidad también denunció que, mientras se restringen los permisos para residentes palestinos, se permite la expansión de asentamientos judíos en Jerusalén y Cisjordania. Estas afirmaciones fueron incluidas en el comunicado difundido tras la demolición.
Diversas agencias de Naciones Unidas han señalado reiteradamente que los palestinos de Jerusalén Este enfrentan un sistema de planificación urbanística discriminatorio. Según esas agencias, obtener permisos legales para construir, ampliar o edificar viviendas resulta casi imposible, incluso cuando los propietarios poseen legalmente los terrenos.
Hamás también se pronunció sobre el operativo. El grupo islamista palestino calificó de provocadora la presencia de Ben Gvir y sostuvo que la demolición representa terrorismo organizado por parte de un Gobierno israelí al que acusó de promover el extremismo y el crimen.
Las declaraciones de la Gobernación de Jerusalén y de Hamás fueron difundidas en comunicados separados, mientras que Ben Gvir defendió públicamente la demolición como una acción vinculada al cumplimiento de la legislación israelí.
El operativo volvió a exponer la disputa sobre la planificación urbana y la vivienda en Jerusalén Este, un territorio ocupado por Israel desde 1967 y reclamado por los palestinos como parte de su futuro Estado.
El caso se suma a una larga serie de demoliciones y órdenes de derribo que afectan a viviendas palestinas en la zona. Las autoridades israelíes sostienen que esas construcciones carecen de los permisos requeridos, mientras que organizaciones palestinas y organismos internacionales cuestionan el sistema que regula su otorgamiento.
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