La jueza Rochon desestimó la demanda por $LIBRA contra Hayden Davis y otros acusados


La Justicia federal de Estados Unidos desestimó la demanda colectiva presentada por inversores afectados por el desplome de $LIBRA y cerró el expediente contra Hayden Davis, Kelsier Ventures, Ben Chow y otros involucrados. La decisión no definió si existió fraude ni afecta la investigación penal que continúa en Argentina.
Infórmate en DiarioPampero.com – La jueza Jennifer L. Rochon rechazó los reclamos por presuntas maniobras fraudulentas, cuestionó su encuadre bajo la ley RICO y señaló problemas de jurisdicción y legitimación respecto de algunos demandados.
La Justicia de Estados Unidos cerró la demanda por $LIBRA, el token que Javier Milei promocionó en X en febrero de 2025 y cuyo desplome generó reclamos de inversores. La jueza federal Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, desestimó la acción colectiva iniciada contra Hayden Davis y otras personas y empresas vinculadas con el lanzamiento.
El expediente incluía acusaciones de fraude, conspiración para defraudar, enriquecimiento injusto y violaciones de la legislación federal RICO, utilizada en Estados Unidos para perseguir estructuras de crimen organizado. Según la resolución, los demandantes no lograron demostrar un patrón de actividad ilícita durante un período suficientemente prolongado.
La jueza consideró que el supuesto esquema denunciado se habría extendido aproximadamente durante seis meses. También rechazó que los inversores pudieran modificar nuevamente la demanda para corregir las deficiencias señaladas, por lo que el caso quedó desestimado “with prejudice”, una fórmula que impide presentar otra demanda en esos términos ante ese tribunal.

Los alcances del fallo
La resolución alcanzó a Hayden Davis, a las empresas vinculadas con Kelsier Ventures, a Benjamin “Ben” Chow y a otros involucrados en la operatoria. En el caso de Davis y Kelsier, Rochon concluyó que los reclamos federales bajo RICO no habían sido planteados de manera suficiente y que otras acusaciones no podían avanzar por problemas de jurisdicción sobre esos demandados en Nueva York.
Respecto de Ben Chow, la jueza también rechazó una acusación por fraude. Según el fallo, una de las declaraciones atribuidas a Chow durante una conversación sobre el lanzamiento de otro token podía ser compatible tanto con una actividad legítima como con la interpretación sostenida por los demandantes.
En ese sentido, Rochon sostuvo que la búsqueda de ganancias, por sí sola, no alcanza para demostrar una intención fraudulenta. Los demandantes pueden apelar la decisión, aunque el expediente quedó cerrado en la instancia actual.
La resolución también incluyó a Meteora, una plataforma vinculada con el lanzamiento de distintos tokens. Los inversores la habían presentado como una asociación no constituida formalmente, pero la jueza entendió que no demostraron jurídicamente que pudiera ser demandada bajo esa figura conforme a la legislación de Nueva York o federal.
El fallo no determinó que $LIBRA no haya sido objeto de una manipulación ni estableció que las acusaciones de fraude fueran falsas. La decisión se concentró en la suficiencia de los argumentos presentados, el alcance de la ley RICO, la jurisdicción sobre algunos demandados y la posibilidad de identificar a Meteora como una entidad demandable.
El antecedente más reciente se remontaba a agosto de 2025, cuando Rochon había rechazado una medida cautelar y disuelto el congelamiento de activos que inicialmente había alcanzado fondos vinculados con Davis.
En paralelo, la investigación penal en Argentina continúa bajo la órbita del fiscal federal Eduardo Taiano. La causa analiza, entre otras cuestiones, el rol de Javier Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y otros protagonistas en el lanzamiento y la promoción de $LIBRA.
Por ese motivo, el cierre de la demanda civil colectiva en Estados Unidos no constituye una definición judicial sobre la existencia o inexistencia de un delito relacionado con el lanzamiento del token ni reemplaza las investigaciones abiertas en otros ámbitos.
En el expediente argentino, la Cámara Federal confirmó que los damnificados no pueden actuar como querellantes. Esa decisión fue apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que la causa local continúa su trámite.
