Río Grande admitió una demanda contra empresas pesqueras
La jueza federal de Río Grande reconoció la competencia del juzgado para tramitar una demanda contra empresas vinculadas con la pesca en Malvinas. El reclamo supera los 26.000 millones de dólares e incluye pedidos por presunto daño ambiental y cese de operaciones.
Infórmate en DiarioPampero.com – La resolución habilita el proceso ordinario, pero todavía no define el fondo de la denuncia ni la medida cautelar solicitada por los demandantes.
La Justicia Federal de Río Grande aceptó intervenir en una causa por pesca ilegal en Malvinas impulsada por la Fundación Agustina Lerena contra una red de compañías que opera en el Atlántico Sur con autorización de la administración británica de las islas.
La jueza federal Mariel E. Borruto reconoció la competencia del juzgado y la legitimación de los demandantes para promover la acción por presunto daño ambiental. Sin embargo, resolvió que el expediente no tramite como amparo, sino mediante un proceso ordinario.
El reclamo económico fue estimado entre 12.351 millones y 26.465 millones de dólares, según el criterio utilizado para calcular el valor de las capturas registradas entre 1989 y 2025. La magistrada todavía no se pronunció sobre el fondo de la denuncia ni sobre la cautelar solicitada.
El alcance de la demanda
La resolución consideró que el caso involucra la protección del ecosistema marino y de especies que habitan o se desplazan por la Zona Económica Exclusiva Argentina, incluidas las aguas próximas a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Según el planteo judicial, el daño denunciado tendría carácter interjurisdiccional.
Los denunciantes sostienen que las empresas desarrollan su actividad sin autorización de la autoridad argentina y al margen de normas nacionales de conservación pesquera y ambiental. También afirman que las especies capturadas en aguas de Malvinas integran un ecosistema y una cadena alimentaria compartidos con la Zona Económica Exclusiva Argentina.
El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, había dictaminado a favor de admitir la demanda y recomendado hacer lugar a la medida cautelar para frenar las actividades de las flotas denunciadas. En su dictamen, calificó el daño ambiental alegado como profundo, sistémico y potencialmente irreversible, según informó el material judicial citado.
La presentación fue realizada por César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. La acción apunta contra firmas españolas, sociedades mixtas vinculadas con capitales isleños y empresas argentinas presuntamente relacionadas con las operaciones.
El escrito también incluye a bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios. Solicita que la Justicia ordene el cese de las operaciones cuestionadas en las aguas en disputa y que las compañías sean condenadas a reparar los daños que, de acuerdo con la denuncia, se habrían producido.
Para fundamentar el reclamo, los demandantes invocaron el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley Federal de Pesca 24.922. También citaron la resolución 31/49 de las Naciones Unidas y estadísticas e informes técnicos, entre ellos los elaborados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.
La demanda cuestiona además las licencias otorgadas por las autoridades isleñas, incluidas renovaciones por períodos de 25 años, y determinados esquemas societarios con participación mayoritaria de capitales vinculados con las islas. La actividad señalada se concentra principalmente en la captura de calamar Loligo o patagónico y calamar Illex.
El próximo paso será que el juzgado incorpore los informes requeridos y resuelva el pedido cautelar. Hasta ese momento, la aceptación de la competencia judicial representa la apertura formal del trámite, pero no implica una decisión sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre la procedencia del monto reclamado.
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