Justicia procesa al dueño de Manaos por evasión fiscal de 400 millones de pesos en la causa de Refres Now S.A.
El Juzgado Federal N°3 de Morón dictó el procesamiento del empresario Orlando Canido junto a su firma Refres Now por supuestas irregularidades impositivas en el ejercicio fiscal 2020. La resolución judicial incluyó embargos preventivos mientras la defensa apela la medida asegurando que los pagos fueron cancelados y que el expediente vulnera sus derechos procesales durante las actuaciones.
Infórmate en DiarioPampero.com – El Juzgado Federal de Morón resolvió el procesamiento de Orlando Canido, titular de Refres Now, por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias en 2020. La medida incluye embargos por 250 millones de pesos. La causa investiga un pasivo no justificado de 400 millones recibido en efectivo. La defensa presentó una apelación ante la Cámara de San Martín argumentando la nulidad del proceso, la cancelación de la deuda y la falta de notificación del formulario impositivo 3200.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N°3 dispuso el procesamiento de Orlando Eduardo Canido y su empresa Refres Now S.A. por presunta evasión tributaria simple vinculada al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2020. La resolución contra la firma responsable de la marca Manaos dispuso embargos por $250 millones sobre los bienes de cada imputado. La representación legal recurrió el fallo cuestionando el planteo acusatorio, mientras desde la compañía expresaron disconformidad con el accionar fiscal.
La apelación ingresó a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el 7 de julio. La defensa técnica solicitó revocar el procesamiento y las medidas cautelares sobre el patrimonio. De forma subsidiaria, requirió declarar extinguida la acción penal o dictar el sobreseimiento, fundamentando el reclamo en la cancelación del ajuste impositivo y en normativas vigentes aplicables al caso.
El expediente judicial analizó una inconsistencia de $400 millones encuadrada en el rubro “otras cuentas por pagar”. La presentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuestionó la fundamentación de una cifra global de $650 millones atribuida a un préstamo de Norberto Ernesto Canido, accionista de la empresa. Según el organismo, existían respaldos documentales para validar $150 millones, detectando inconsistencias sobre el monto restante.
La diferencia objetada de $400 millones derivó en un reclamo inicial por $132 millones en concepto de Impuesto a las Ganancias omitido. La imputación penal se acotó a dicho concepto dentro del ejercicio 2020. Desde la defensa manifestaron que el crédito figuraba asentado en los estados contables al 31 de julio de ese período.
El origen de los fondos y los argumentos defensivos presentados ante la Cámara
El planteo fiscal determinó que el accionista justificó una porción con ingresos declarados y honorarios distribuidos, desestimando la capacidad económica para avalar la diferencia. La fiscalización aplicó la figura de incremento patrimonial no justificado al considerar la existencia de un pasivo simulado. La empresa expuso que la suma provino de un préstamo privado entre Norberto Canido y Lorenzo Pizzo, quien habría obtenido el dinero a través de un tercero. ARCA objetó la operación al señalar que Pizzo carecía de solvencia patrimonial acreditada para concretar dicha asistencia financiera en enero de 2020.
Las actuaciones fiscales remarcaron la ausencia de bancarización y documentación para rastrear los fondos. La empresa indicó que el dinero ingresó de manera presencial en efectivo y se devolvió por la misma vía en diciembre de 2020. El ente recaudador sostuvo la falta de movimientos en cuentas bancarias corporativas o personales que permitieran validar los registros.
La representación legal aportó un recibo corporativo por los $650 millones, argumentando que la objeción se centró en la relación entre particulares. Asimismo, se indicó el fallecimiento de Pizzo previo a los requerimientos formales, situación que imposibilitó reunir nuevos comprobantes. Orlando Canido declaró en indagatoria que el uso de efectivo representa una modalidad habitual en la cadena de provisión, elaboración y distribución del sector de bebidas.
El auditor externo Ernesto Danti ratificó la entrega de los comprobantes y la cancelación de los montos reclamados por ARCA, los cuales sumaron entre $600 millones y $700 millones contemplando también el período 2018. La defensa fundamentó la apelación en la falta de notificación del formulario 3200, herramienta contemplada en la ley tributaria para saldar deudas y evitar el fuero penal. Danti sostuvo que las operaciones industriales de la planta de Virrey del Pino, sus 700 empleados y las ventas se mantienen sin alteraciones operativas pese al fallo dictado.
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