La AFIP elimina la obligación de registrar contratos de alquiler en busca de reducir la carga administrativa
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha anunciado la eliminación de la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales destinados a vivienda, una medida que apunta a reducir la carga administrativa y burocrática para los contribuyentes. Esta decisión se enmarca en la reciente derogación de la Ley de Alquileres.
La Resolución General 5545/2024, emitida por la AFIP, suprime el requisito de informar todas las operaciones concertadas entre locadores y locatarios ante el “Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles (RELI)”. Según el organismo, esta medida contribuye a simplificar y mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios del Estado.
A pesar de la eliminación de esta obligación, la AFIP establece que los contribuyentes que deseen acceder a beneficios fiscales, como en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y en impuestos sobre Créditos y Débitos en cuentas bancarias, Bienes Personales y Ganancias, deberán registrar sus contratos de alquiler en el servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI” en la web de la AFIP, utilizando su clave fiscal. Este registro deberá realizarse antes del 30 de septiembre de 2024 o dentro de los 15 días corridos posteriores a la firma del contrato.
La norma también estipula que, en el caso de inmuebles pertenecientes a residentes en el exterior, la registración estará a cargo de sus representantes en el país. Asimismo, se incluyen en este régimen los contratos de locación celebrados electrónicamente mediante plataformas digitales o aplicaciones móviles.
En línea con el objetivo de disminuir la carga administrativa, la AFIP también ha eliminado la obligación para empleados en relación de dependencia de adjuntar una copia del contrato de alquiler en el servicio SiRADIG, que era necesaria para acceder a deducciones en el impuesto a las ganancias.
Estas medidas se suman a otras recientes derogaciones, como la del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), las declaraciones juradas para productores agropecuarios y el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el fin de facilitar el comercio exterior.
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