La CIDH da inicio a la admisibilidad de la denuncia de La Pampa por el río Atuel: un hecho histórico en la lucha ambiental

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha notificado a la provincia de La Pampa el inicio del análisis de la denuncia presentada por el incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto al caudal del río Atuel. En este contexto, Romina Schmidt, Fiscal de Estado y representante de la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, calificó la decisión como «un hecho histórico en la lucha por los derechos ambientales».

La disputa por el caudal del río Atuel, que afecta gravemente al noroeste de La Pampa, no es nueva. Desde hace más de 35 años, la provincia ha iniciado acciones legales contra Mendoza por la interrupción del curso natural del río, lo que ha desencadenado una profunda desertificación en la región. En 2017, la Corte Suprema reconoció el daño ambiental, y en 2020 dictó una sentencia en la que ordenaba a Mendoza garantizar un caudal mínimo de 3,2 m³/s en el límite interprovincial. No obstante, la provincia de Mendoza no ha cumplido con la resolución, y el incumplimiento persiste.

Según Schmidt, la «inacción de Mendoza y la omisión de la Corte Suprema para hacer cumplir la sentencia» han perpetuado lo que considera una violación del derecho humano a un ambiente sano. Frente a la falta de avances, las autoridades pampeanas recurrieron al ámbito internacional, agotando previamente todas las instancias nacionales.

La denuncia ante la CIDH

El 15 de agosto de 2024, La Pampa presentó su denuncia ante la CIDH, señalando la inactividad judicial y los impactos ambientales irreversibles en la región. «La presentación fue consensuada en el marco de la CIAI pampeana, debido a la inacción de nuestro Máximo Tribunal», explicó la Fiscal de Estado. La CIDH, al considerar el caso de alta prioridad, otorgó un tratamiento especial y admitió la denuncia en tiempo récord, trasladándola al Estado nacional.

Schmidt destacó la relevancia del hecho, considerando que la resolución de la CIDH representa un precedente histórico a nivel internacional. «El Estado tiene ahora un plazo de tres meses, prorrogable a cuatro, para presentar observaciones. Esto demuestra la gravedad de la situación y la urgencia de una respuesta efectiva a los daños ambientales documentados», comentó.

Impacto regional y mensaje internacional

La denuncia ante la CIDH subraya la transversalidad del derecho humano al agua y su vínculo con el derecho a un ambiente sano, un aspecto que ha sido destacado por el organismo internacional. Schmidt enfatizó la necesidad de que la preservación del ambiente se convierta en un objetivo prioritario y subrayó que la soberanía hídrica es una cuestión irrenunciable para la provincia de La Pampa.

«La CIDH envía un mensaje claro sobre la importancia de la protección ambiental a nivel internacional. Este avance es un precedente en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por la desertificación», concluyó.

Mientras tanto, el Estado nacional prepara su respuesta ante la CIDH, y las autoridades pampeanas, junto con la Fundación Chadileuvú, la Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Universidad Nacional de La Pampa, continúan trabajando para lograr una solución definitiva al conflicto.

«La lucha por el río Atuel no es solo una causa pampeana; es un llamado a proteger nuestros recursos hídricos y garantizar un futuro sostenible para todos. No abandonaremos esta batalla, que representa los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras», concluyó Schmidt.