La Justicia Federal y Entre Ríos seguirán investigando el patrimonio de Edgardo Kueider
La Corte Suprema rechazó el planteo de inhibición presentado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y permitió que continúen en paralelo las investigaciones por enriquecimiento ilícito contra el exsenador Edgardo Kueider en San Isidro y Concordia.
Infórmate en DiarioPampero.com – El máximo tribunal consideró prematuro resolver el conflicto de competencia y dejó abierta la continuidad de ambos expedientes, mientras avanza el pedido de extradición desde Paraguay.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, contra el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, Entre Ríos.
La decisión permite que las dos investigaciones por enriquecimiento ilícito contra Edgardo Kueider mantengan su curso en paralelo. El máximo tribunal no resolvió cuál de las jurisdicciones debe quedarse con el expediente porque consideró prematuro abordar el conflicto de competencia.
Arroyo Salgado había pedido que el juez entrerriano Ives Bastián dejara de investigar y remitiera las actuaciones a San Isidro. Bastián rechazó el pedido y el caso llegó a la Corte, que funciona como superior común de ambos juzgados por pertenecer a jurisdicciones distintas.
El alcance de la resolución
El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. En una resolución breve, los jueces indicaron que correspondía rechazar el planteo de inhibición y comunicaron la decisión al Juzgado de Garantías de Concordia.
La Corte adoptó así el criterio expresado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal. Según su dictamen, una inhibitoria no era el remedio adecuado en esta etapa porque todavía no estaban suficientemente delimitados los hechos investigados por cada fuero.
Casal sostuvo que el hecho de que parte de las conductas bajo análisis pudiera haber ocurrido en San Isidro no descarta la existencia de otros hechos penalmente relevantes que correspondan a la Justicia provincial de Entre Ríos.
La pesquisa de Concordia examina la evolución patrimonial de Kueider desde 1999, cuando asumió como concejal de esa ciudad. En esa jurisdicción, el exlegislador también tiene una condena por tentativa de contrabando y una causa en trámite por lavado, de acuerdo con la información consignada en el expediente.
La investigación federal se inició a partir de la causa Securitas, en la que se analizan presuntos sobornos pagados por la empresa de seguridad privada a organismos públicos para obtener contratos. Uno de los organismos mencionados es Enersa, la empresa eléctrica estatal de Entre Ríos, donde Kueider representó acciones del Poder Ejecutivo.
Arroyo Salgado también incorporó una denuncia basada en información publicada sobre la declaración jurada patrimonial del exsenador. A partir de esos elementos, abrió una investigación y luego tomó conocimiento de la causa que ya tramitaba en Concordia con intervención del juez Bastián y del fiscal José Arias.
El procurador consideró que la investigación federal sobre la presunta corrupción vinculada con Securitas y el posible blanqueo de fondos no excluye que, durante el mismo período, se hayan producido otros hechos que deban ser examinados por la Justicia entrerriana.
Casal reconoció la preocupación de la jueza federal por el riesgo de un doble juzgamiento. Sin embargo, sostuvo que ese problema deberá analizarse cuando las investigaciones permitan precisar si existe identidad de persona, hecho y causa, requisito asociado al principio de ne bis in idem.
De acuerdo con el dictamen, esa tarea quedará inicialmente en manos del juez provincial Bastián, en su carácter de juez de garantías. A medida que avance la pesquisa, deberá evaluar si los expedientes abordan los mismos hechos o si se trata de conductas diferentes.
La decisión también impacta sobre la situación de Kueider en Paraguay. Arroyo Salgado había solicitado su extradición y las autoridades paraguayas dieron autorización, aunque establecieron como condición que el exsenador complete sus obligaciones ante la Justicia de ese país.
Si finalmente es enviado a la Argentina, Kueider deberá comparecer ante el juzgado federal de San Isidro, mientras continúa vigente la investigación provincial de Concordia. La resolución de la Corte no otorgó exclusividad a ninguna de las dos jurisdicciones.
El máximo tribunal dejó así para una instancia posterior la definición sobre una eventual unificación, remisión o delimitación de las causas. Por ahora, los dos expedientes continuarán avanzando con el objetivo de establecer el origen y la evolución del patrimonio investigado.
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