La Corte excluyó del límite a la prescripción a quienes no adhirieron al blanqueo
La Corte Suprema resolvió que la suspensión de los plazos de prescripción prevista por el blanqueo de 2013 alcanzaba únicamente a quienes adhirieron al régimen, en un fallo vinculado con una ejecución fiscal contra Tecna Estudios y Proyectos de Ingeniería S.A.
Infórmate en DiarioPampero.com – El tribunal cuestionó una interpretación que extendía los plazos a todos los contribuyentes y fijó un criterio sobre el alcance de los beneficios excepcionales de los blanqueos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación limitó el alcance de la suspensión de los plazos de prescripción prevista en la ley 26.860, correspondiente al régimen de exteriorización de activos de 2013. Según el fallo, la medida solo se aplica a los contribuyentes que se incorporaron al blanqueo.
La decisión fue adoptada en la causa “AFIP-DGI c/ Tecna Estudios y Proyectos de Ingeniería SA”, originada en una ejecución fiscal por diferencias en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2009 y 2010. La empresa había planteado que la deuda correspondiente a uno de esos ejercicios estaba prescripta.
El tribunal sostuvo que la expresión “con carácter general”, incluida en el artículo 17 de la ley 26.860, no podía interpretarse como una extensión automática del plazo para quienes no habían adherido al régimen. De ese modo, la Corte dejó afuera de la suspensión a los contribuyentes que no participaron del blanqueo.
El alcance del fallo
El caso comenzó cuando la ex Administración Federal de Ingresos Públicos intimó a Tecna Estudios y Proyectos de Ingeniería S.A. por no acreditar el ingreso a fiscos extranjeros de montos declarados como impuestos análogos pagados en el exterior. La intimación se vinculó con las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de 2009 y 2010.
Tras el rechazo del recurso administrativo, el organismo fiscal inició la ejecución judicial de la deuda. La empresa opuso excepciones de prescripción y de inhabilidad de título, al considerar que no correspondía reclamar los importes discutidos.
El Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 6 hizo lugar al planteo de prescripción respecto del período fiscal 2009 y rechazó la ejecución en ese punto. En cambio, ordenó continuar el apremio por la obligación correspondiente a 2010.
En su análisis, el juzgado entendió que la ley suspendía por un año y “con carácter general” el curso de la prescripción. También consideró que la aclaración realizada durante el debate parlamentario, según la cual la medida alcanzaba exclusivamente a quienes adhirieran al régimen, no tenía entidad suficiente para modificar el texto legal votado.
Sin embargo, el mismo tribunal declaró la inconstitucionalidad de la norma por considerar que extendía sus efectos a contribuyentes y tributos que no estaban relacionados con la finalidad del blanqueo. Según esa interpretación, la disposición alteraba sin justificación el equilibrio de la relación entre el fisco y los contribuyentes.
La Corte adoptó una lectura diferente. Recordó que los blanqueos son regímenes excepcionales que otorgan beneficios a personas que incumplieron obligaciones tributarias, lo que puede generar un trato desigual frente a quienes cumplieron con sus deberes fiscales.
Por ese motivo, el máximo tribunal consideró que las normas que regulan estos mecanismos deben interpretarse de manera precisa. En el caso analizado, concluyó que la suspensión de la prescripción estaba ligada al acceso a los beneficios de la exteriorización de activos y no podía extenderse a todos los contribuyentes.
La sentencia también tuvo en cuenta el debate parlamentario. La Corte señaló que el sentido atribuido a la expresión cuestionada no surgía únicamente de opiniones individuales de legisladores, sino de una aclaración formulada por el miembro informante del proyecto, elemento que consideró relevante para interpretar la norma.
El fallo diferencia el régimen de 2013 de otras regularizaciones impositivas anteriores. De acuerdo con la Corte, las leyes 23.495 y 26.476 contemplaron procesos más amplios de regularización fiscal, mientras que la ley 26.860 se concentró en la exteriorización voluntaria de bienes.
El criterio fijado incide en los reclamos fiscales vinculados con la suspensión de los plazos de prescripción del blanqueo de 2013. Para los contribuyentes que no adhirieron al régimen, la extensión temporal no resulta aplicable según la interpretación establecida en esta causa.
El análisis también se vincula con los cambios introducidos por la ley 27.799, conocida como “Inocencia Fiscal”. Según el contenido difundido, esa norma redujo los plazos de prescripción de determinados impuestos nacionales.
La Instrucción General ARCA 3/26 precisó que el plazo para contribuyentes inscriptos puede reducirse de cinco a tres años cuando hayan presentado sus declaraciones juradas en término. El beneficio, sin embargo, queda sujeto a las condiciones previstas por la normativa.
Entre esas condiciones se encuentra que la Agencia no detecte diferencias sustanciales entre lo declarado y la información disponible en sus bases de datos. Las discrepancias significativas o los cruces sistémicos pueden impedir la aplicación del plazo reducido.
En materia de seguridad social, la prescripción para el cobro de aportes y contribuciones se reduce de diez a cinco años, siempre que no existan impugnaciones de deuda firmes ni discrepancias detectadas, de acuerdo con la información suministrada.
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