La Fiscalía de La Pampa y el IIRESODH articulan esfuerzos para reforzar la transparencia y los derechos humanos en la provincia
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa firmó un acuerdo con el IIRESODH para impulsar acciones de formación y prevención en temas de corrupción y derechos humanos. El Instituto aportará su experiencia internacional para apoyar el trabajo local y promover una gestión pública más ética y responsable.
La alianza busca desarrollar acciones conjuntas de formación, prevención y monitoreo en temas de corrupción y derechos humanos, con impacto local. El Instituto aportará su experiencia internacional y la Fiscalía su rol institucional para fomentar una gestión pública más ética y comprometida con la ciudadanía.
Un acuerdo para avanzar en transparencia y formación ciudadana
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de La Pampa firmó un convenio de cooperación con el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), con el objetivo de generar nuevas herramientas para combatir la corrupción y fortalecer el respeto por los derechos fundamentales en la provincia.
La iniciativa establece una agenda común entre el organismo público y la organización internacional, centrada en la capacitación, investigación y difusión de contenidos vinculados a la ética pública, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos humanos. Ambas entidades apuntan a consolidar una cultura institucional más abierta y responsable, mediante la formación de funcionarios, organizaciones sociales y ciudadanía en general.
El IIRESODH, que posee sedes en América Latina y Europa y ha capacitado a más de 1500 personas en la región, se suma como socio técnico al trabajo que viene realizando la FIA. Con su experiencia en políticas de integridad y mecanismos de transparencia, la entidad brindará apoyo para el desarrollo de actividades que favorezcan una administración pública más eficiente y confiable.
El convenio refuerza el papel de la Fiscalía como organismo garante del control administrativo, ampliando su alcance hacia la promoción activa de los derechos humanos y el combate a las prácticas que afectan el buen uso de los recursos públicos.
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