La Justicia frena el cierre de la estación experimental del INTA y bloquea parte del ajuste del Gobierno
El Juzgado Federal de San Martín ordenó al INTA abstenerse de cerrar la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires y de avanzar con traslados de personal, desvinculaciones, venta de inmuebles o interrupción de actividades técnicas durante seis meses. El fallo del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto hizo lugar parcialmente a una cautelar presentada por ATE, APINTA y organizaciones de la agricultura familiar. La medida cuestiona la Resolución 27/2026 por vulnerar derechos laborales y estabilidad de los trabajadores. Se trata del segundo revés judicial en días contra la reestructuración de organismos técnicos, tras el caso del INTI.
Infórmate en DiarioPampero.com – La Justicia federal de San Martín ordenó al INTA abstenerse de cerrar la Estación Experimental del Área Metropolitana de Buenos Aires y de realizar traslados de personal, desvinculaciones, venta de inmuebles o interrupción de actividades técnicas por seis meses. El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto hizo lugar a una cautelar de ATE y organizaciones. La medida frena la Resolución 27/2026 por vulnerar derechos laborales y estabilidad de los trabajadores. Es el segundo revés judicial contra la reestructuración de organismos técnicos tras el caso del INTI.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín dictó una medida cautelar que suspende parcialmente la reestructuración impulsada por el Gobierno en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. La resolución, firmada por el juez federal subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ordena al organismo abstenerse de avanzar con el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires y con las acciones vinculadas a esa decisión, como traslados de personal, desvinculaciones, venta de inmuebles y desmantelamiento de actividades técnicas.
La cautelar fue presentada por ATE, APINTA, organizaciones de la agricultura familiar y productores. El magistrado hizo lugar parcialmente al pedido y dispuso que la medida tenga vigencia durante seis meses. En la parte resolutiva se prohíbe al INTA ejecutar cualquier acto destinado a materializar lo dispuesto en la Resolución N° 27/2026, incluyendo la supresión de la estación experimental y sus unidades dependientes, los movimientos de personal, el traslado de equipos, la venta y subasta de propiedades y la interrupción de ensayos y capacitaciones vinculadas con la producción agropecuaria.
Los argumentos del juez sobre derechos laborales y estabilidad
Al analizar el pedido, el juez consideró acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Recordó que el INTA es una entidad autárquica de derecho público y que las relaciones laborales de sus trabajadores están protegidas por la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley Marco de Empleo Público y los convenios colectivos específicos del organismo. Sostuvo que toda disposición administrativa que altere o desnaturalice esa garantía convencional constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos.
Respecto de la Resolución 27/2026, el magistrado fue especialmente crítico. Señaló que la supresión de la estación experimental y sus dependencias evidencia, de manera preliminar, la vulneración de derechos y garantías laborales vigentes y que la medida transgrede de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales. También advirtió que la ejecución inmediata podría generar la desarticulación de equipos técnicos especializados, la interrupción de programas de investigación y transferencia tecnológica, la pérdida de redes institucionales construidas durante años y la afectación de vínculos con productores y organizaciones sociales.
Desde ATE celebraron la resolución y la presentaron como una nueva victoria frente al proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó que otra vez la Justicia da la razón y deja en manifiesto la ilegalidad con la que actúa este Gobierno.
El INTA, creado en 1956, es uno de los principales organismos de investigación, desarrollo y extensión tecnológica vinculados al agro argentino. Su tarea abarca la generación de nuevas tecnologías para cultivos y ganadería, la transferencia de conocimientos a productores, cooperativas y economías regionales, y el desarrollo de investigaciones sobre genética vegetal y animal, manejo de suelos, sanidad, adaptación al cambio climático, agricultura de precisión y agregado de valor en origen. La estación cuya eliminación quedó suspendida concentra buena parte de las actividades del INTA vinculadas con la agricultura urbana y periurbana, los cinturones hortícolas, la producción familiar y el abastecimiento alimentario del Área Metropolitana de Buenos Aires. Durante más de quince años construyó una red de laboratorios, campos experimentales, aulas de capacitación y equipos técnicos especializados, además de vínculos con municipios, universidades, productores y organizaciones sociales.
La decisión llega apenas días después de que el mismo juzgado suspendiera una resolución del INTI que habilitaba la eliminación de cientos de servicios técnicos. De esta manera, la Justicia volvió a intervenir sobre una de las áreas donde el Gobierno concentró buena parte de su estrategia de reducción del Estado: los organismos técnicos vinculados a la producción, la investigación y la asistencia a sectores económicos. El fallo no resuelve todavía la discusión de fondo sobre la legalidad de la Resolución 27/2026, pero congela sus efectos por seis meses.
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