La masacre de Napalpí: A 100 años de la tragedia que marcó la historia de Chaco
Hace un siglo, la región de Napalpí en Chaco fue escenario de una masacre que dejó una huella imborrable en la historia argentina. Un total de 500 indígenas fueron brutalmente asesinados por la policía y estancieros mientras protestaban por mejoras en sus condiciones de vida y trabajo.
El 19 de julio de 1924, los pueblos indígenas de las etnias qom y moqoit, quienes vivían y trabajaban en condiciones deplorables en la región, se encontraban en huelga exigiendo tierras, asistencia médica y educación. La situación escaló cuando la administración colonial, bajo el mando del gobernador Fernando Centeno, ordenó una represión violenta contra los manifestantes.
Contexto histórico y origen del conflicto
Desde 1872, Chaco era un territorio nacional con una fuerte presencia de La Forestal, una empresa británica que explotaba el quebracho en la región, empleando a numerosos indígenas en condiciones de explotación. En Napalpí, una colonia indígena establecida desde 1911 tras el fin de la campaña en la zona del coronel Enrique Rostagno, las comunidades trabajaban principalmente en el cultivo de algodón y maíz, bajo un sistema que les pagaba con provisiones en lugar de dinero. Esta situación generaba una dependencia económica y social que ataba a los indígenas a condiciones de trabajo indignas y una vida de miseria.
El conflicto comenzó a gestarse cuando los indígenas, buscando mejores oportunidades, intentaron ir a trabajar en la zafra en Salta y Jujuy, donde los salarios eran más altos. Sin embargo, el gobernador Centeno, alineado con los intereses de los productores locales, prohibió la salida de los trabajadores a otras provincias, incrementando el descontento.
La intervención de Fernando Centeno
Fernando Centeno, gobernador de Chaco desde 1923 y propietario de tierras donde se cultivaba algodón, tenía una relación compleja con los indígenas. A pesar de sus promesas de mejorar la situación, sus acciones favorecían los intereses de los terratenientes y la economía local basada en la explotación.
En una visita a Napalpí, Centeno se reunió con los caciques de las distintas comunidades, quienes presentaron sus demandas: mejores condiciones laborales, la libertad de vender su producción fuera de la colonia, el derecho a ser dueños de las tierras, y la reapertura de la escuela local. Centeno prometió enviar víveres, pero el creciente malestar lo llevó a pedir refuerzos militares al gobierno nacional, que desestimó la solicitud y dejó la resolución del conflicto en manos de la policía local.
La matanza de Napalpí
La mañana del 19 de julio, un avión biplano Curtis JN 90 “Chaco II” sobrevoló la zona, arrojando paquetes de víveres que atrajeron a los indígenas. En ese momento, un grupo de 130 hombres, entre policías, estancieros y vecinos armados, abrió fuego indiscriminadamente contra la multitud. Durante cuarenta minutos, los atacantes dispararon con winchesters y máusers, y los heridos fueron rematados a machetazos. Entre 400 y 500 indígenas fueron asesinados, incluyendo hombres, mujeres y niños. Los testimonios indican que algunos murieron degollados y otros sufrieron mutilaciones atroces.
El copiloto del avión también disparaba indiscriminadamente desde el aire. Un pequeño grupo logró huir y esconderse en el monte, logrando sobrevivir al ataque. Los cadáveres, en su mayoría, fueron incinerados o enterrados en fosas comunes para ocultar la magnitud de la masacre.
Reacciones y encubrimiento
El gobierno nacional, bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear, inicialmente intentó presentar los hechos como un enfrentamiento entre distintas etnias. La realidad fue encubierta por las autoridades, quienes incineraron cuerpos y enterraron otros en fosas comunes. Las aves de rapiña sobrevolaron el área durante días, indicando la presencia de cadáveres insepultos.
En septiembre de 1924, el Congreso interpeló al ministro del Interior, Vicente Gallo, sobre la masacre. El socialista Francisco Pérez Leirós lideró las denuncias, describiendo los hechos como “propios de una pesadilla”. A pesar de los esfuerzos por esclarecer la verdad, el oficialismo bloqueó la formación de una comisión investigadora. Los responsables de la masacre, incluidos policías y propietarios, nunca fueron condenados, y muchos fiscales y jueces que intentaron investigar fueron apartados o trasladados.
Consecuencias y memoria
Los sobrevivientes de la masacre vivieron con temor y en silencio durante décadas. La brutal represión y la impunidad marcaron profundamente a las comunidades indígenas, muchas de las cuales abandonaron prácticas ancestrales y sufrieron un desarraigo cultural significativo. Sin embargo, el paso del tiempo no borró la memoria de lo ocurrido, y los reclamos de justicia persistieron.
En 2004, la Asociación Comunitaria La Matanza demandó al Estado argentino, logrando un fallo favorable. En 2020, un juicio por la verdad llevado a cabo en la Casa de las Culturas en Resistencia reconoció oficialmente que la masacre de Napalpí fue un crimen de lesa humanidad. Durante el juicio, sobrevivientes como Melitona Enrique y Pedro Valquinta dieron sus testimonios, recordando los horrores vividos y la injusticia sufrida.
Reconocimiento tardío
En 2020, en las tierras de la reducción de Napalpí, se inauguró un memorial en honor a las víctimas de la masacre y a los veteranos indígenas que combatieron en la Guerra de Malvinas. El memorial contiene urnas con restos de indígenas qom muertos durante la llamada campaña del desierto verde (1870-1917) y una fosa dedicada a los veteranos indígenas de Malvinas. Este acto simbólico representó un reconocimiento tardío pero necesario de los reclamos históricos de los pueblos indígenas para vivir con dignidad y justicia.
A cien años de la masacre de Napalpí, la memoria de las víctimas y la lucha por la justicia siguen vivas. Este trágico evento es un recordatorio de la importancia de reconocer y reparar las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas en Argentina. La masacre de Napalpí no solo marcó la historia de Chaco, sino que también dejó una lección sobre los peligros de la explotación, la represión y la impunidad. Hoy, más que nunca, es vital recordar y aprender de estos hechos para construir un futuro basado en el respeto, la dignidad y los derechos humanos.
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