La Pampa presenta acción ante la Corte Suprema por falta de distribución de ATN

En un nuevo episodio del conflicto financiero entre las provincias argentinas y el Gobierno Nacional, La Pampa ha tomado la delantera al presentar una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, denunciando la retención de fondos correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Según lo estipulado en la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, los ATN constituyen un fondo destinado a ser distribuido entre las provincias para abordar situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. Sin embargo, el Gobierno Nacional ha retenido la suma de $397 mil millones, agravando la situación económica de las provincias.

El Gobernador Sergio Ziliotto, respaldado por la Fiscalía de Estado a cargo de Romina Schmidt y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, ha interpuesto esta acción con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad de la retención de estos recursos. Buscan que los fondos asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se integren a los fondos coparticipables que corresponden a las provincias y se distribuyan de manera automática y diaria.

La escasa transferencia de $10.300 millones a algunas provincias contrasta notablemente con la suma total no distribuida, dejando en evidencia la magnitud del problema. Esta situación, sin precedentes en gobiernos anteriores, ha exacerbado el deterioro del federalismo fiscal, afectando la autonomía financiera de las provincias.

La presentación ante la Corte Suprema destaca la violación de lo establecido en la reforma constitucional de 1994, que garantiza un sistema equitativo y solidario de distribución de recursos entre las provincias, priorizando el desarrollo equitativo y la calidad de vida en todo el país. La discrecionalidad en la distribución de los ATN por parte del Gobierno Nacional ha desviado estos principios constitucionales, causando un perjuicio irreparable a las provincias y a sus habitantes.

Esta acción legal marca un hito en el enfrentamiento entre las provincias y el Gobierno Nacional por la distribución equitativa de recursos, y se espera que genere un precedente significativo en la resolución de esta problemática que afecta el desarrollo y bienestar de todo el país.