La Pampa Rechaza la Baja en la Edad de Punibilidad

El Gobierno de La Pampa, junto con diversas organizaciones civiles, colegios profesionales y sindicatos, ha expresado su oposición a la propuesta de bajar la edad de punibilidad en el Régimen Penal Juvenil Nacional. Las instituciones reunidas en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, destacaron que cualquier modificación debe ajustarse a los estándares internacionales y realizarse mediante un debate amplio y participativo, sin violar la Constitución.

La propuesta del Gobierno nacional es considerada inconstitucional y contraria a la Convención de los Derechos del Niño. Además, señalaron que la participación de adolescentes menores de 16 años en delitos graves es mínima a nivel nacional, por lo que no hay necesidad de avanzar en esa dirección.

Documento de Rechazo

El documento titulado «Más Derechos, Más Estado y Más Libertad» detalla los argumentos en contra de la baja de la edad de punibilidad. Entre los puntos más destacados, se menciona que el proyecto de ley propuesto fija la edad mínima de responsabilidad penal en 13 años, no establece distinciones por delito ni por franjas etarias, y permite que niños y adolescentes sean alojados junto a presos adultos. Además, elimina la participación de los organismos de niñez y establece la prisión preventiva como regla.

El documento advierte que esta medida estigmatiza a los adolescentes, especialmente a los más pobres, utilizándolos como chivos expiatorios de problemas de violencia y pobreza. Las instituciones firmantes recalcan la necesidad de una normativa que respete los instrumentos internacionales y las leyes vigentes, y que no se base en estadísticas falsas ni argumentos falaces.

Llamado a la Acción

Las organizaciones y autoridades que firmaron el documento invitan a más instituciones y legisladores a adherirse a esta postura y pronunciarse públicamente. Subrayan que la solución no es criminalizar a los adolescentes, sino fortalecer el Sistema de Protección Integral de Derechos, mediante políticas públicas específicas que reduzcan los factores que propician el delito.

Entre los firmantes del documento se encuentran el Poder Ejecutivo de la Provincia de La Pampa, diversos ministros, subsecretarios y defensores de derechos, además de organizaciones civiles como la Asociación Civil «El Ágora» y el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos.

La oposición al proyecto de ley es un llamado a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y a buscar soluciones basadas en la educación, la protección y la capacitación, en lugar de la privación de libertad.