La Pampa Recurre a la Corte Suprema por la Eliminación del Subsidio al Transporte
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó hoy una Acción de Amparo, acompañada de una Medida Cautelar de Innovar, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es dejar sin efecto de manera urgente la eliminación del «Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País» por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
En el documento presentado, se argumenta que la medida adoptada por el Gobierno nacional es percibida como arbitraria y abusiva, al tiempo que se señala que avasalla los elementos esenciales del Federalismo y autonomías municipales. Se destaca que esta acción configura una desviación del poder, ya que implica la interrupción de partidas presupuestarias creadas por ley del Congreso de la Nación debido a una decisión administrativa arbitraria e ilegítima.
El gobernador Ziliotto sostiene que la eliminación del fondo representa un caso de gravedad institucional al vulnerar la división de poderes y relativizar derechos y garantías constitucionales. Según la presentación, esta medida unilateral desconoce los acuerdos vigentes en la materia, generando un impacto negativo directo sobre los habitantes de la provincia y las pequeñas y medianas empresas pampeanas prestadoras del Servicio Público.
La existencia del Fondo de Compensación al Transporte Público, según el texto presentado, tiene una razón y consistencia técnica clara: cubrir la estructura de costos de las empresas prestadoras para que el Servicio Público esté disponible para los usuarios. Se argumenta que subsidiar la demanda no sería efectivo, dado que la densidad poblacional de La Pampa limita el desarrollo de la actividad de las empresas prestadoras, que necesitan del Fondo para su subsistencia y sostenibilidad.
En la presentación, se destaca que la medida del Gobierno Nacional no solo afecta a las empresas sino que también relativiza derechos básicos de los pampeanos, como el ejercicio de garantías constitucionales, la libre circulación, igualdad, acceso a la salud, educación y justicia, entre otros. Se sostiene que los análisis de ajustes realizados no se adecúan a la realidad social y económica de la población, generando un impacto negativo directo en los ciudadanos.
El gobierno de La Pampa denuncia que, en estos parámetros, el Estado Nacional confunde privilegios con derechos prioritarios y esenciales. Se argumenta que en lugar de garantizar igualdad y acceso directo a servicios esenciales, la medida promueve una brecha cada vez mayor entre los ciudadanos y los distintos sistemas de integración reconocidos universalmente.
La provincia de La Pampa asegura que no permitirá el retroceso en políticas de Estado que han beneficiado al pueblo en los últimos años y que circunscribir la existencia del Fondo a una variable meramente económica demuestra la falta de conocimiento sobre los fundamentos y la consistencia técnica de su creación. La disputa legal promete ser un proceso clave para definir el destino de este fondo y su impacto en el transporte público y los derechos de los ciudadanos pampeanos.
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