Funcionarios judiciales explicaron en escuelas el nuevo régimen penal juvenil en La Pampa
En escuelas secundarias de Santa Rosa, funcionarios y magistrados judiciales explicaron la aplicación de la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. Durante las charlas también señalaron que, de unas 12.000 causas anuales, entre 300 y 350 involucran a adolescentes.
Infórmate en DiarioPampero.com – Las actividades del programa Educación + Justicia abordaron los alcances del nuevo régimen, las alternativas a la prisión y los derechos de los jóvenes ante la policía.
Unos 150 estudiantes participaron de tres charlas sobre la implementación del nuevo régimen penal juvenil, organizadas en escuelas secundarias de Santa Rosa en el marco del programa “Educación + Justicia”, impulsado por el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.
Durante los encuentros, funcionarios y magistrados explicaron que el 5 de septiembre entró en vigencia la Ley nacional 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. La normativa también amplió los delitos por los que un adolescente puede ingresar al sistema penal juvenil.
Según informó la prensa del STJ, en Santa Rosa se inician alrededor de 12.000 causas penales por año, pero solo entre 300 y 350 involucran a adolescentes. La proporción representa menos del tres por ciento del total.
Alcances del nuevo régimen
La defensora penal Paula Arrigone visitó el colegio secundario Barrio Aeropuerto, donde dialogó con alrededor de 20 estudiantes de cuarto, quinto y sexto año. Allí explicó que La Pampa adecuó su normativa provincial a la nueva ley nacional mediante modificaciones a la Ley de Procedimiento Penal para Adolescentes, vigente desde el 1 de agosto de 2023.
Arrigone señaló que antes no eran punibles los delitos con penas de hasta dos años de prisión, entre ellos las lesiones leves, el daño simple y el hurto simple. Con la nueva legislación, esos delitos pueden quedar comprendidos en el sistema penal juvenil, ya que la norma eliminó las excepciones existentes.
La defensora también indicó que, si un adolescente es privado de su libertad, debe ser alojado en establecimientos distintos de los destinados a personas adultas. La explicación generó preguntas de los estudiantes, quienes plantearon quejas vinculadas con el trato recibido por parte de la policía cuando circulan por la vía pública.
Ante esas consultas, Arrigone explicó que la policía está facultada para identificar a las personas y detenerlas cuando existe una orden judicial o cuando hay sospechas de participación en un delito cometido en flagrancia. También remarcó que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia si considera que fue maltratado.
La defensora penal Silvina Blanco Gómez brindó otra charla en el colegio secundario Profesor Julio Colombato, ante algo más de 60 estudiantes de primero a sexto año del turno tarde. La funcionaria sostuvo que la ley busca que los adolescentes asuman la responsabilidad por sus actos, aunque aclaró que la cárcel debe ser el último recurso.
Entre las alternativas a la prisión efectiva mencionó el cumplimiento de reglas de conducta, como la asistencia escolar, el resarcimiento económico, el pedido de disculpas y las restricciones de contacto o acercamiento. Estas medidas apuntan, según explicó, a favorecer la resocialización de los jóvenes.
Blanco Gómez también participó, junto con el fiscal Andrés Torino, de una actividad en el colegio secundario Tomás Mason. Ambos abordaron el principio de proporcionalidad de la pena y explicaron que un mismo delito puede recibir respuestas diferentes según las circunstancias y la edad de la persona involucrada.
Torino utilizó como ejemplo la falsificación de un documento de identidad. Señaló que no puede evaluarse de la misma manera el caso de un adolescente que altera un documento para ingresar a un boliche y el de un adulto que lo utiliza para estafar a una persona jubilada por miles de pesos.
Durante esa charla, los estudiantes también fueron consultados sobre los argumentos que habían escuchado en redes sociales o en televisión para justificar la reducción de la edad de punibilidad. Una de las respuestas fue que los menores cometen muchos delitos.
Luego, los funcionarios preguntaron cuántas de las aproximadamente 12.000 causas penales iniciadas cada año en Santa Rosa involucraban a adolescentes. Frente a respuestas que estimaban entre 6.000 y 10.000 expedientes, indicaron que la cifra real se ubica entre 300 y 350, por debajo del tres por ciento.
Las actividades formaron parte del programa “Educación + Justicia”, mediante el cual integrantes del Poder Judicial concurren a establecimientos educativos para explicar el funcionamiento de las instituciones, los derechos de la ciudadanía y los alcances de las normas vigentes.
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