Habrá clases públicas y atención gratuita en Plaza de Mayo mientras persiste el reclamo por salarios, becas e investigación.
La Universidad de Buenos Aires volverá a reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de fallos judiciales sobre salarios y becas. La protesta busca exponer la falta de respuesta oficial frente a una situación que afecta a docentes, estudiantes e investigadores.
Infórmate en DiarioPampero.com – La UBA trasladará sus actividades a Plaza de Mayo para visibilizar un conflicto que continúa pese a las resoluciones judiciales que ordenaron ejecutar partidas previstas por ley.
La UBA volvió a reclamar por el financiamiento universitario ante la continuidad del conflicto con el Gobierno de Javier Milei. Docentes y autoridades universitarias exigen que el Poder Ejecutivo aplique la ley aprobada en 2025 y cumpla con las decisiones judiciales vinculadas con salarios, becas, funcionamiento e investigación.
Como parte de la protesta, los 13 decanos de las facultades de la UBA ofrecerán clases magistrales abiertas en Plaza de Mayo desde las 7 hasta la medianoche. También habrá actividades científicas y prestaciones gratuitas de odontología, óptica, veterinaria, clínica médica, orientación psicológica y asesoramiento jurídico y contable.
La iniciativa busca mostrar las consecuencias concretas del desfinanciamiento y la falta de aplicación integral de la normativa. Para la comunidad universitaria, la persistencia del conflicto refleja una respuesta oficial insensible frente al deterioro salarial, las necesidades estudiantiles y el sostenimiento de la educación pública.
Fallos judiciales que siguen pendientes
El conflicto se originó a partir del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo estableció que la Ley 27.795 solo podría ejecutarse una vez definidas fuentes específicas de financiamiento. Universidades nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional acudieron entonces a la Justicia, que ordenó el cumplimiento inmediato de parte de la norma.
En junio, la Corte Suprema dejó firme una cautelar relacionada con la actualización de salarios docentes y no docentes y la recomposición de becas estudiantiles. Posteriormente, el 1° de septiembre, una nueva resolución judicial ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar de manera inmediata partidas para funcionamiento, salarios, becas e investigación.
Según la resolución judicial citada por la UBA, el impacto fiscal de la ley representa el 0,23% del Producto Bruto Interno. Los gremios universitarios advirtieron que, si el Gobierno de Milei no cumple antes de la primera semana de octubre, convocarán a una quinta Marcha Federal Universitaria.
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