La Corte Suprema fijó en 24 horas el plazo para integrar el tribunal con dos conjueces
La Corte Suprema aceleró el trámite del expediente que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/23. Con dos conjueces incorporados y una medida cautelar pendiente, el tribunal podría definir si vuelven provisoriamente las restricciones para la compra de tierras rurales por extranjeros.
Infórmate en DiarioPampero.com – La resolución redujo de 72 a 24 horas el plazo para cuestionar la integración del tribunal y habilitó días y horas inhábiles para completar el trámite.
La Ley de Tierras quedó más cerca de una nueva definición judicial luego de que la Corte Suprema redujera a 24 horas el plazo para que quede consentida la incorporación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
La resolución fue firmada este miércoles y modificó el plazo habitual de 72 horas. Según informó el tribunal, ambos magistrados aceptaron el cargo y las partes fueron notificadas para que puedan cuestionar su integración.
El expediente incluye un pedido de medida cautelar que podría volver a poner en vigencia, al menos de manera provisoria, las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La integración del tribunal
La Corte sostuvo que, “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, correspondía abreviar el plazo para consentir la nueva integración. Además, ordenó habilitar días y horas inhábiles exclusivamente para completar ese procedimiento.
Barroetaveña es presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, mientras que Pérez Curci preside la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos fueron sorteados luego de que los jueces titulares Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no alcanzaran una posición común sobre la continuidad del expediente.
El planteo fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes cuestionan el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
La causa había quedado vinculada con un expediente iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que también objetó la derogación de la normativa. Sin embargo, al resolver ese caso, la Corte rechazó la demanda porque consideró que los excombatientes no tenían legitimación suficiente para promover el proceso colectivo.
La Corte aclaró entonces que esa sentencia no implicaba pronunciarse sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/23 ni afectaba otras medidas cautelares que estuvieran siendo tramitadas en distintos tribunales.
En su presentación, los integrantes de Árbol de Pie sostuvieron que cuentan con “títulos de legitimación propios y diferentes” de los analizados en el expediente del CECIM. Su argumento se vincula con la protección ambiental, la biodiversidad y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.
Con la incorporación de los dos conjueces, la Corte quedó en condiciones de avanzar sobre el planteo cautelar. Si el máximo tribunal hiciera lugar al pedido, podrían restablecerse provisoriamente las restricciones que regían antes de la derogación dispuesta por el decreto.
La reducción del plazo de 72 a 24 horas acelera una causa que volvió a concentrar atención política y judicial. Por ahora, la resolución no define la constitucionalidad del artículo cuestionado, sino que prepara las condiciones para que el tribunal avance sobre la medida pendiente.
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