La Justicia dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales por el DNU 70/2023
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 rechazó una medida cautelar impulsada por Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales mediante el DNU 70/2023. El Gobierno tendrá cinco días hábiles para responder.
Infórmate en DiarioPampero.com – La decisión no suspende por ahora los efectos del decreto y deja abierta la definición judicial sobre el planteo presentado por los diputados.
La Justicia desestimó la solicitud de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para suspender de manera urgente los efectos del DNU 70/2023 sobre la Ley de Tierras Rurales.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, resolvió no hacer lugar a la medida provisoria solicitada por los diputados.
El planteo buscaba frenar los artículos del decreto que derogaron los límites y restricciones a la compra de terrenos rurales en el país por parte de extranjeros. La vigencia del marco establecido por el DNU se mantiene mientras continúa el trámite.
El trámite judicial continúa
En su resolución, el juez estableció un plazo de cinco días hábiles para que el Gobierno nacional presente un informe y exponga sus argumentos antes de resolver la medida cautelar.
La decisión implica que, por el momento, no se suspenderán los efectos de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. El tribunal deberá analizar la respuesta oficial antes de adoptar una determinación sobre el pedido.
La presentación de Pichetto y Massot apuntó específicamente a los artículos del DNU 70/2023 vinculados con la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros.
Tras conocerse el fallo, Pichetto expresó su disconformidad a través de sus redes sociales. Según publicó, el juez rechazó la medida interina y otorgó al Gobierno el plazo de cinco días para responder.
El diputado sostuvo que había solicitado reducir ese plazo a dos días porque, según su planteo, durante la espera podrían concretarse operaciones de venta de campos y terrenos agrícolas a extranjeros.
Pichetto afirmó que esa posibilidad representaría un riesgo para el patrimonio nacional y calificó la situación como de gravedad institucional. Sus declaraciones forman parte de la posición expresada por el legislador luego de la resolución.
La causa seguirá ahora con la presentación del informe del Gobierno. Recién después de recibir esos argumentos, el juzgado deberá avanzar en el análisis de la medida cautelar solicitada.
Mientras tanto, el marco normativo introducido por el DNU 70/2023 continuará vigente, sin que la resolución conocida suspenda sus efectos de manera preventiva.
La decisión judicial no constituye todavía una resolución definitiva sobre el fondo del planteo, sino una respuesta al pedido de suspensión urgente presentado por los diputados.
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