El Gobierno define peajes, obras y garantías para atraer inversión privada
El Gobierno prepara una nueva licitación de rutas nacionales con distintos niveles de obra y peajes, mientras impulsa cambios en el mercado de capitales para facilitar créditos respaldados por cosechas, maquinaria, mercadería y cuentas por cobrar.
Infórmate en DiarioPampero.com – La propuesta busca que el capital privado financie mejoras viales y que bancos, fintech y empresas cuenten con más garantías para reducir riesgos y ampliar el financiamiento.
El Gobierno avanza en una nueva licitación de rutas nacionales que incluirá duplicación de calzadas, carriles de sobrepaso y tareas de mantenimiento, según surge de los proyectos que se encuentran en elaboración. La convocatoria permitiría la participación de los actuales concesionarios, constructoras, fondos de inversión y nuevos operadores.
El esquema busca atender el deterioro de la infraestructura vial sin utilizar recursos adicionales del Tesoro. Para eso, se analiza combinar peajes destinados al mantenimiento con cargos incrementales para financiar obras nuevas, bajo reglas que definan con mayor precisión las responsabilidades de cada participante.
En paralelo, el Ministerio de Economía prepara una reforma de la Ley de Mercado de Capitales para ampliar las garantías disponibles y abaratar el acceso al crédito. Entre las herramientas previstas aparecen un registro único de garantías, prendas privadas y pagarés respaldados por bienes como la soja.
Peajes, garantías y capital privado
La nueva licitación distinguirá tres tipos de intervención. En algunos corredores se prevé la construcción de una segunda calzada para transformarlos en autovías; en otros se incorporarán carriles de sobrepaso, mientras que determinados tramos solo recibirán conservación y mantenimiento de la traza existente.
Uno de los casos analizados es el tramo de la ruta 3 entre Tres Arroyos y Bahía Blanca. Allí, el usuario podría afrontar un peaje base para sostener la operación y otro incremental destinado a pagar una obra nueva. La propuesta contempla además una tarifa máxima para limitar el valor total.
El Gobierno también debe resolver cómo se computará el plazo de las concesiones cuando una obra se realice sobre una ruta que ya fue entregada al sector privado. Las rutas 3, 5 y 7, concesionadas durante 2026, presentan una dificultad adicional porque sus contratos ya contemplan el flujo de fondos proveniente del peaje, pero no necesariamente las nuevas obras.
Una de las alternativas en estudio es establecer un peaje incremental con una fórmula de ajuste y un plazo definido. La otra consiste en calcular el valor presente de los ingresos: el oferente indicaría cuánto necesita recuperar y la concesión finalizaría cuando alcanzara ese monto. Si los peajes se congelaran, el recupero demandaría más tiempo.
Si el ganador de la licitación fuera distinto del concesionario actual, podrían convivir dos operadores sobre una misma ruta. Por eso, el pliego debería precisar quién estará a cargo de ampliar cabinas, instalar señalización, demarcar la calzada y mantener el cantero central, además de definir cómo se distribuirá el impacto de una eventual caída del tránsito durante las obras.
En el sector también circula la posibilidad de que algunas inversiones viales accedan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones o al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones. Por ahora, se trata de una versión y no de una decisión oficial. Otros corredores mantendrían esquemas clásicos de peaje y obras, mientras que algunos solo tendrían contratos de mantenimiento financiados por el Tesoro.
La reforma financiera busca que empresas y productores puedan ofrecer como respaldo activos que ya poseen. El Registro Único de Garantías permitiría identificar qué bienes están comprometidos y a favor de quién, mientras que las prendas privadas podrían constituirse sin trasladar la maquinaria o la mercadería al acreedor.
El proyecto también contempla pagarés respaldados por bienes físicos, como la soja, y modificaciones en los planes de ahorro para facilitar la compra de automóviles. Las terminales advierten que una liberalización amplia podría afectar sus negocios financieros y generar desprotección para los suscriptores si no se mantienen determinados requisitos.
El punto de partida del paquete es el bajo nivel de financiamiento de la economía argentina. Según los datos consignados en el proyecto, el crédito hipotecario representa menos del 1% del PBI y menos de 200.000 personas tienen un préstamo de ese tipo. Además, el 37% de la población cuenta con tarjeta de crédito, de acuerdo con la información citada del Banco Central.
Las medidas no implican una inyección directa de fondos ni garantizan por sí mismas una baja de las tasas. Su resultado dependerá de que bancos, fintech y el mercado de capitales utilicen las nuevas herramientas. La reforma todavía debe ser enviada al Congreso y, aun si fuera aprobada, sus efectos sobre el crédito se observarían en un plazo prolongado.
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