Mendoza avanza con las primeras denuncias judiciales contra padres que incumplieron la vacunación infantil obligatoria
Mendoza presentó diez denuncias contra padres que no completaron la vacunación obligatoria de sus hijos, en medio de un aumento de enfermedades prevenibles. La Justicia convocará a audiencias y otorgará plazos para regularizar el calendario. Las sanciones incluyen multas, arresto y trabajos comunitarios, con el fin de resguardar la salud pública. La medida busca aumentar la cobertura infantil y reducir los contagios que resurgen por la falta de inmunización en la zona.
Mendoza inició acciones legales contra padres que omitieron vacunar a sus hijos, en respuesta al descenso de coberturas y el avance de enfermedades prevenibles; un proceso que plantea plazos, audiencias y sanciones para garantizar la protección sanitaria.
El Ministerio de Salud de Mendoza formalizó las primeras diez denuncias judiciales contra padres que no cumplieron con el Calendario Nacional de Vacunación, en un escenario marcado por el descenso de la inmunización y el repunte de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa. La provincia se convirtió así en la primera del país en activar la vía judicial para reforzar la obligatoriedad del esquema oficial, tal como habilita la normativa reglamentada en agosto.
La presentación de los casos en la Justicia Civil apunta a responsables de niños y adolescentes que no recibieron las dosis obligatorias. La Ley Nacional 27.491 establece que la salud pública prevalece sobre intereses individuales y atribuye al Estado la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la vacunación.
Audiencias obligatorias y los pasos del nuevo procedimiento
El ministro de Salud, Rodolfo Montero, confirmó que las familias denunciadas deberán asistir a una audiencia donde equipos sanitarios explicarán los riesgos colectivos derivados del incumplimiento. Tras esta instancia, los padres tendrán 30 días para regularizar la situación. Si no lo hacen, el caso se deriva al Equipo Técnico Interdisciplinario y continúa su curso judicial.
La legislación vigente prevé multas de entre USD 84.000 y USD 336.000, arresto de hasta cinco días o trabajos comunitarios en hospitales. Las sanciones pueden aumentar en casos de reincidencia o cuando instituciones educativas o funcionarios omiten realizar la denuncia correspondiente.
Iris Aguilar, titular del Departamento de Inmunizaciones, precisó que las mayores demoras se observan en las vacunas que deben aplicarse a los quince meses y advirtió que la cobertura escolar supera el 80%, aunque debería alcanzar el 95% para evitar la reaparición de enfermedades controladas.
Desde la reglamentación del protocolo, en agosto de 2025, se estableció el mecanismo para verificar incumplimientos y derivar cada caso a la Justicia. Aguilar también señaló que el área sanitaria recibió amenazas en redes sociales por parte de grupos antivacunas, aunque reiteró que el objetivo es “proteger a la población”.
La mayor preocupación recae en la adolescencia: la cobertura ronda el 75% y, en el caso de la vacuna contra el VPH, los porcentajes descienden notoriamente en la segunda dosis. El Ministerio recordó que las vacunas deben aplicarse más allá de la voluntad individual y exhortó a la población a informarse mediante fuentes confiables para evitar la propagación de relatos falsos que ponen en riesgo la salud comunitaria.
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