Milei cedió a Joe Lewis el control de una hidroeléctrica en Lago Escondido pese a múltiples cuestionamientos judiciales
Informate en DiarioPampero.com – El presidente Milei adjudicó la represa patagónica a Hidden Lake, sociedad de Joe Lewis cuestionada por violar leyes de frontera, operar como pantalla legal y recibir beneficios energéticos desproporcionados, en una zona históricamente disputada y de acceso restringido.
El presidente autorizó a la empresa Hidden Lake a explotar una represa patagónica situada en un área de acceso restringido, pese a que la firma fue señalada por irregularidades por la IGJ, vecinos y organismos oficiales. El magnate británico Lewis fue recientemente condenado por uso de información privilegiada.
Una adjudicación directa que revive un conflicto por tierras en la Patagonia
El gobierno de Javier Milei formalizó la entrega del control de una central hidroeléctrica a Hidden Lake SA, una firma vinculada al empresario británico Joe Lewis. La represa está ubicada en cercanías del Lago Escondido, en una zona de seguridad fronteriza que desde hace décadas es centro de denuncias por apropiación indebida de tierras y bloqueo del acceso público. La decisión fue oficializada mediante un acta de adjudicación que establece las condiciones de explotación y operación del emprendimiento energético.
Hidden Lake, cuya denominación remite directamente al Lago Escondido, ha sido reiteradamente señalada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que en 2022 solicitó su intervención y posterior liquidación, argumentando que se trata de una “sociedad ficticia”. Según la IGJ, la compañía opera como fachada para enmascarar la titularidad real de Lewis, quien adquirió de forma presuntamente ilegal más de 12 mil hectáreas en Río Negro en los años noventa.
La concesión ratificada por el gobierno actual refuerza la presencia de Hidden Lake en la zona, pese a que su historial está marcado por la opacidad. La firma ha sido denunciada por violar la Ley 15.385 de Seguridad de Fronteras, que prohíbe a extranjeros adquirir tierras dentro de una franja de 150 kilómetros de los límites nacionales sin autorización especial. Lewis eludió este impedimento creando sociedades con accionistas argentinos que luego transfirieron los activos a su holding Tavistock Group.
El emprendimiento energético de Hidden Lake se incorporó durante la gestión de Mauricio Macri al programa Renovar de energías renovables, obteniendo beneficios fiscales y arancelarios. Desde entonces, la central hidroeléctrica inyecta energía al sistema nacional y recibe un precio preferencial por el megavatio: según informes técnicos, Lewis percibe hasta diez veces más por esa producción que lo que se abona a grandes represas como Salto Grande.
La central hidroeléctrica cuenta con una capacidad instalada de 7,2 megavatios y se abastece del caudal del río que nace en el lago, captando cerca de la mitad de su volumen mediante un ducto de 1,2 metros de diámetro, enterrado a lo largo del campo.
La trama de irregularidades que rodea a Hidden Lake no se limita al plano administrativo. La empresa ha sido eje de una serie de episodios que involucraron violencia contra activistas, falta de transparencia societaria, y el financiamiento de una reunión privada con jueces y funcionarios argentinos en 2022, en la estancia del magnate. Aquella cumbre, organizada por el gerente de la firma Nicolás Van Ditmar —acusado de varios delitos—, incluyó a jueces como Julián Ercolini y Carlos Mahiques, y fue objeto de investigaciones por su posible impacto en la imparcialidad judicial.
Lewis fue recientemente condenado en Estados Unidos a tres años de prisión en suspenso por uso indebido de información privilegiada, lo que refuerza las alertas en torno a la figura del empresario y su influencia económica y política en la Argentina. Pese a ello, el Ejecutivo decidió avanzar con la adjudicación directa, sin mediar proceso licitatorio ni revisión de antecedentes.
La decisión gubernamental llega en un contexto preelectoral, en el que varios actores políticos señalan que los recursos generados por estas concesiones beneficiarían indirectamente a la campaña oficialista. Así lo sostuvo un dirigente consultado, quien señaló que “la están juntando para la campaña”.
La continuidad de este tipo de políticas despierta preocupación entre los habitantes de la región, organismos de control y defensores del acceso libre a los bienes naturales. La represa ahora oficializada como parte de los activos de Hidden Lake simboliza la consolidación de un modelo de privatización de recursos que, lejos de saldar antiguos conflictos, los profundiza.
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