Milei disuelve la Dirección Nacional del INTA y transfiere sus funciones a la presidencia del organismo
El Gobierno oficializó, vía Decreto 571/2025, la eliminación de la Dirección Nacional del INTA y transfirió sus funciones a la presidencia del organismo. La medida, defendida por el oficialismo, generó rechazo de la Mesa de Enlace y la oposición, que advierten sobre posibles efectos negativos en la innovación agropecuaria. Esto se hizo a pesar del rechazo en Diputado al decreto presidencial que busca reducir dicho organismo a su mínima expresión.
El Ejecutivo oficializó la supresión de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El decreto, firmado por Javier Milei y Luis Caputo, argumenta que las tareas se superponían con las del presidente del organismo. El sector agropecuario y legisladores opositores cuestionan la medida por su impacto institucional.
El Gobierno nacional dispuso la eliminación de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco de un proceso de reestructuración iniciado meses atrás. La medida, oficializada mediante el Decreto 571/2025 y publicada en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.
El decreto y sus fundamentos
Según el texto oficial, las funciones de la Dirección Nacional resultaban redundantes con las del presidente del organismo, motivo por el cual se resolvió transferirlas directamente a la máxima autoridad del INTA. La norma se apoya en una modificación previa —Decreto 462/2025— que ya había alterado el estatus del organismo, pasándolo de descentralizado a desconcentrado y bajo dependencia directa de la Secretaría de Agricultura.
El Ejecutivo sostiene que “las razones operativas” para mantener la Dirección Nacional ya no existen. Sin embargo, hasta que concluya la reestructuración, se mantendrán las estructuras y cargos vigentes en el área suprimida.
La decisión recibió críticas de la Mesa de Enlace y de legisladores opositores, quienes alertaron sobre las consecuencias para el desarrollo científico-tecnológico del sector agropecuario. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron el ajuste y calificaron de incoherente el rechazo legislativo a la medida.
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